11/12/2003 | 829

Amia: La impunidad

A casi 10 años del atentado a la Amia, ha sido removido el juez instructor de la causa, Juan José Galeano, debido a dudas sobre su «imparcialidad», los «cuestionamientos que pesan sobre él» y las «irregularidades confirmadas…» (Clarín, 4/12). Ahora, todo el mundo considera «que en marzo, cuando se conozca la sentencia, serán absueltos cuatro de los cinco policías acusados» (Clarín, 7/12). «’La absolución de los policías es una decisión tomada hace tiempo’, se lamentó Sergio Burstein, uno de los familiares de las víctimas del atentado» (ídem). Telleldín, «creen muchos, podría acabar condenado como partícipe secundario del atentado» (ídem), lo cual, sumado al «dos por uno», implicaría ÿal igual que en el caso de Ribelli, el que aportó la Traficÿ prácticamente su inmediata libertad, una vez dictada la sentencia en marzo próximo.


Para La Nación (7/12), la decisión de los camaristas de apartar a Galeano de la causa y nombrar en su lugar al juez Canicoba Corral «significa una condena a muerte para la investigación».


Operativo Medio Oriente


La salida de Galeano obedece a una operación política internacional.


El canciller Bielsa ha propuesto una «alternativa de hacer viable la continuidad de la investigación y el eventual juzgamiento de los responsables… fuera del territorio argentino» (Papel de Trabajo entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a las organizaciones de familiares de las víctimas el 7 de octubre último). La excusa es habilitar la presencia de presuntos testigos iraníes que el gobierno inglés se ha negado a extraditar (el ex embajador iraní en la Argentina, Soleimanpour).


Apemia (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia) ha denunciado que «la jugada argentina de aportar la causa Amia para ponerse en medio de una complejísima conflictiva internacional fue uno de los elementos de presión sobre Irán para que firme el Tratado de No Proliferación Nuclear». Pero lo más importante es que esta propuesta «podría dejar sin efecto las sentencias que pudieran dictarse en Argentina, prohibiría los juicios ulteriores, eliminaría a los familiares como querellantes y presentaría al Estado argentino no sólo como una víctima más, sino en nombre de ellas» (subrayado en el comunicado de Apemia). En lugar de sentarlo en el banquillo de los acusados, el Estado argentino, cómplice de la conexión local, aparecería como víctima para acusar a quienes el imperialismo y el sionismo designen como culpables.


Esta maniobra es acompañada por las nuevas autoridades de la Daia (portavoz oficial de la comunidad judía en la Argentina). Sus viejos dirigentes ligados al menemismo han sido desplazados por una nueva conducción afín al progre kirchneriano. El jueves asumió en la Daia su nuevo titular, Gilbert Lewy, quien «no está de acuerdo con el apoyo histórico que hizo la Daia del juez Galeano y la investigación» (Clarín, 7/12). Pero, ¡casualidad!, Lewy ha declarado (Página/12, 7/12) que «nuestro próximo paso será hablar el miércoles con el canciller Rafael Bielsa para ver si se avanza en esta idea de que haya un proceso judicial en un tercer país».


Cárcel a los terroristas genocidas


En medio de todo este maniobrerismo se ha destacado la voz de Apemia. Laura Ginsberg ha reclamado no sólo el apartamiento de Galeano, sino que «tiene que ir preso» (ídem). Y la formación de una comisión investigadora independiente.