La historia negra de los gobiernos que persiguieron al pueblo sin vivienda en la ciudad de Buenos Aires registraba dos casos aberrantes: el del videlista Cacciatore, que arrasó con los villeros del sudoeste de la ciudad, y el del menemista Domínguez, que pasó la topadora sobre parte de la Villa 31. Después del brutal desalojo del ex Padelai, hay que colgar el retrato de Aníbal Ibarra en esta galería de los peores desalojadores.

 

Una historia de fraudes

En 1991, los ocupantes del Padelai accedieron a una escritura que les otorgaba el 70% de la propiedad del predio, como parte de un plan de refacción del edificio que sería financiado por el Estado. Desde Grosso a De la Rúa, los sucesivos gobiernos porteños incumplieron con este convenio y dejaron venirse abajo al “Patro”. A medida que San Telmo se “revalorizaba” para la especulación inmobiliaria, crecía la presión estatal para expulsar a estos vecinos de sus viviendas. En el 2000, fue Aníbal Ibarra quien puso en marcha la llamada “unidad ejecutora del ex Padelai”. Se trató de un plan de expulsión y confiscación de sus habitantes, mediante todo tipo de coacciones y amenazas. A familias de desocupados, se les obligaba a tomar créditos que no podían pagar, al tiempo que debían firmar un convenio por el cual renunciaban “a todo tipo de derechos de propiedad” sobre el predio. Pero en dos años de “ejecución”, el plan de Ibarra no logró sacar del Patro a más del 40% de sus vecinos. Los restantes resistieron la presión y exigieron resarcimientos que contemplaran sus derechos: “escritura por escritura” fue la consigna que alimentó esta lucha, y que tuvo su expresión legislativa en un proyecto presentado por la banca del PO en mayo de 2001.

En noviembre del año pasado, Ibarra decide arrasar con el Padelai: un “informe” de un docente de la Facultad de Ingeniería redactado por pedido del Gobierno dictamina “peligro inminente de derrumbe”. El gobierno ordena el desalojo administrativo del predio, despertando la inmediata resistencia de los vecinos, que declaran al Padelai “atrincherado”. A fines de enero, un juez de la Ciudad suspende el desalojo y ordena una nueva “inspección ocular”. En ella, participan técnicos de la Guardia de Bomberos y varios profesionales convocados por el juez. De allí, surge que, si bien el edificio requiere de inmediatas refacciones, “no se advierten fallas en sus cimientos”. El juez ordena, entonces, la “reubicación” de las familias dentro del Patro, y el inicio de obras de mantenimiento. Así, quedó de manifiesto que el gobierno había recurrido al fraude para justificar un desalojo. Ello se confirmó días después, al revelarse que el docente de ingeniería que redactó el “informe original”… nunca entró al Padelai, y escribió su “diagnóstico” desde la puerta del predio…

 

No hubo errores, no hubo excesos

A esta altura del partido, Ibarra necesitaba pasarle la “topadora”, no solamente a los habitantes del Patro, sino también a toda esta historia de coacciones y estafas. Por eso aceleró los tiempos: se empeñó en quebrar la organización de los habitantes, aun a costa de concesiones. Un conjunto de familias dejó el edificio en enero pasado, con subsidios de hasta 16.800 pesos. Muchos otros, sin embargo, rechazaron esta oferta: “Nos quieren sacar lo que es nuestro por un subsidio que sólo nos servirá para ir a una villa”. El gobierno quebró las negociaciones, mientras preparaba el operativo brutal del 25 de febrero. En primer lugar, recusó a los jueces que habían parado el desalojo. Luego, ya con otro magistrado, obtuvo vía libre para ejecutar el “desalojo administrativo”, es decir, por orden del propio gobierno. En la mañana del 25, los trescientos efectivos de Infantería actuaron bajo directas indicaciones de cinco funcionarios de primera línea del gobierno de Ibarra, comenzando por su ministra de “Desarrollo Social” (sic), González Gass. Durante toda la mañana, delegados de los vecinos reclamaron abrir una negociación con el gobierno en forma inmediata, con la única condición de que se retirara a la Infantería. Si los funcionarios rechazaron esta posibilidad, fue porque la represión salvaje estaba decidida de antemano: para Ibarra, se trataba de lanzar una “acción ejemplar”, que golpeara la lucha de los más oprimidos de la ciudad. No es casual que pusiera al frente del operativo a la mujer que se encarga, todos los días, de retacearle la ayuda alimentaria a los movimientos de desocupados. El ex Padelai ha sido, en este sentido, el Puente Pueyrredón de Aníbal Ibarra, dirigido a mostrarle a los monopolios capitalistas que puede reconstruir un principio de autoridad estatal en la ciudad.

La acción “ejemplar” incluyó abandonar a su suerte a muchos de los desalojados, que están durmiendo en la calle, en locales de partidos o de las asambleas barriales de la zona. Pero los compañeros se han reagrupado. El sábado por la tarde, junto con la banca del PO y la Asamblea de Plaza Dorrego, se resolvió un plan de movilización por: juicio y castigo a los responsables de la represión; acceso a una vivienda para todos los afectados, investigación de toda la olla podrida de la “operatoria Padelai”. Hay que tirar de este piolín de fraudes, corrupción y violencia, hasta desalojar al desalojador.