Hace tiempo que el ministro Aníbal Fernández funciona como un provocador contra los trabajadores en lucha y contra la izquierda. Participó del diseño de la represión en el Puente Pueyrredón, en 2002; armó la prohibición para ingresar a Plaza de Mayo; mandó la Gendarmería a Santa Cruz; es responsable del Estado nacional sobre los gobernadores que cometen “excesos” contra el pueblo; la semana pasada calificó a los organizadores de la marcha del 24 de Marzo de “izquierda siniestra”. Desde el PO hemos exigido que renuncie, con la conciencia de que ello sería un golpe contra una política de agresiones estatales que parten del conjunto del gobierno nacional.

 

Los últimos días sumaron más a este prontuario, y no solamente porque se lo quiere hacer ‘renunciar’ como parte de una disputa de camarillas en el ‘frente por la victoria’. Un ex funcionario de Migraciones, Carlos Sapere, ha denunciado que desde el ministerio de Fernández se le había ordenado “no controlar los talleres textiles”, en referencia a los lugares de explotación semiesclavista de trabajadores. La ‘orden’, se supone, formaría parte de la vista gorda a la red clandestina de importación de ciudadanos bolivianos para ser sometidos a esas condiciones de trabajo. La excusa que dio Aníbal Fernández equivale a un confesión: “Hace muchos años que esto sucede en el país” (La Nación, 5/4). Esta admisión de su responsabilidad exige que se vaya de inmediato y que sea llevado a los Tribunales para ser juzgado por complicidad con el tráfico de personas y tolerancia con la servidumbre personal.