Políticas

26/8/2015|1378

Aníbal Fernández encontró un juez para sus fechorías


El juez federal subrogante del Juzgado Civil y Comercial N° 7, Iván Garbarino, rechazó la demanda interpuesta por el Partido Obrero contra Aníbal Fernández y el Estado Nacional por la conferencia de prensa en la que el actual jefe de Gabinete acusó en 2008, cuando era ministro del Interior, al Partido Obrero y a sus militantes por la quema de trenes en Castelar en octubre. Lo hizo por cadena nacional y en horario central.


 


Garbarino integra la lista de conjueces, aprobada en el Senado en 2012, para actuar como subrogante. Para rechazar nuestra demanda, el juez se ha escudado en una cuestión técnica y previa al hecho de fondo. No se pronuncia acerca de la utilización de los órganos del Estado para causar un daño a la imagen del Partido Obrero en función de un interés de ocultamiento de la responsabilidad del gobierno en los hechos, esto en forma mal intencionada y con argumentos falsos.


 


Funda su rechazo en que el Partido Obrero, como persona jurídica, carece de capacidad de sufrir dolor o compunción moral, aunque admite que dentro de ese rubro se comprenden los daños a la imagen, nombre, reputación, consideración social, etc., que también pueden ser sufridos por los partidos políticos. Legitima que el Estado utilice el monopolio del poder para perjudicar a un partido político.


 


El juez concluye que “el resarcimiento del daño que pudo haber vivenciado el Partido Obrero por las declaraciones del a la sazón ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no se enjuga con dinero”. Argumenta que el juez civil carece de autoridad para ejercer esa facultad punitiva y que la reparación civil no volvería sus cosas al estado anterior, toda vez que no revierte el ánimo del ciudadano que tachó esa opción política por las injurias y sólo convertiría en más rico al Partido Obrero.


 


En contradicción con el fallo, no nos condena al pago de las costas, pues admite el derecho de iniciar una demanda de este tenor, alegando lo “dificultoso de la cuestión”.


Lo que importa, en definitiva, es que el fallo deja impune la acción arbitraria del gobierno y deposita en él la facultad de otorgar el derecho de réplica a sus difamaciones, toda vez que el tiempo que demoraría una acción judicial convertiría a una réplica en algo abstracto -o sea sin consecuencias políticas reparadoras para el PO.


 


Aníbal Fernández había logrado demorar este juicio durante mucho tiempo, mediante el procedimiento de desconocer su domicilio efectivo, incluido su despacho en la Casa de Gobierno. En la saga de los crímenes cometidos por el Estado en el manejo del ferrocarril, Fernández ha encontrado un juez, por ahora, para encubrir su complicidad en el vaciamiento de los concesionarios del 


Sarmiento, Ciriglano y compañía.


 


No está dicha la última palabra. Apelaremos.