En la inmensa tragedia de la discoteca Cromagnon, todas las evidencias colocan en el banquillo de los acusados a Aníbal Ibarra, que ya tiene seis años como jefe de Gobierno de la Ciudad y diez de gestión aliancista .

 

1º) El manejo completamente inescrupuloso de la seguridad en las discotecas porteñas no era un secreto para él y su gobierno: en mayo de 2003, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló “la existencia de 35 boliches de ‘primera línea’ sin habilitación municipal” y denunciaba “una estructura (en el Estado comunal) que parece mantener un orden de cosas ilegítimo e ilegal”. La defensora del pueblo en oportunidad de este informe era la doctora Alicia Oliveira, que ingresaría poco después al gobierno del presidente Kirchner.

 

2) En octubre de 2003, Ibarra disolvió la Dirección de Inspecciones y Habilitaciones, a la que acusó de encontrarse “inficionada por la corrupción”. Pero durante casi todo el 2004, “la Comuna sólo se valió de unos pocos profesionales para controlar todos los negocios de la Capital (actualmente suman 87). Esa cantidad, claro, no alcanzó. Y hoy continúan, y hasta se agravaron muchos de aquellos problemas que los viejos y sospechados inspectores no supieron combatir”, señalaba un columnista de Clarín (21/6/04).

 

Ibarra estuvo casi un año sin inspeccionar negocios.

 

3) República de Cromagnon, con sus puertas de seguridad cerradas (“para que nadie ingrese sin pagar entrada”) y sus instalaciones potencialmente incendiarias, era uno de los boliches con habilitaciones “defectuosas” e inspecciones ausentes, que el gobierno de la “cultura” y el “turismo” había consentido.

 

4) Por todo ello, la tragedia de Cromagnon no es solamente una negligencia individual, ni tampoco sólo un accidente. Es el resultado de un régimen de gobierno.

 

Aníbal Ibarra debe renunciar.