Perpetró la mayor estafa de la historia de la Ciudad

Aníbal Ibarra resolvió tomar distancia del kirchnerismo y recrear por enésima vez un espacio “progresista”. Enseguida consiguió la adhesión de los Lozano, Solanas, Bonasso y Tumini, cuyo carácter nacional y popular no les impide transar con el hombre que vetó la reducción de la jornada laboral en el Subte y luego coimeó a media Legislatura para impedir la insistencia, o con quien en toda su gestión bloqueó la expropiación definitiva de las empresas recuperadas de la Ciudad.

Pero más allá de esto, Ibarra es el autor de la mayor estafa financiera que tuvo lugar en la crisis de 2001-2002: por un lado, el abarrotamiento del Banco Ciudad con títulos públicos que acabarían en default y, por sobre todo, con una renegociación escandalosa de la deuda pública de la Ciudad para beneficiar a las AFJP y a los bancos Morgan y Santander.

Nos referimos a la renegociación de la deuda externa de la Ciudad, perpetrada entre abril y diciembre de 2002.

A comienzos de ese año, el Estado porteño cargaba con una deuda de 600 millones de dólares. Esa deuda se originaba en la “recapitalización” del vaciado Banco Ciudad. En 1997, De la Rúa había reciclado la deuda con los contratistas de la Ciudad mediante una emisión de títulos, los “bonos tango”. El 70% de esos bonos fueron colocados entre las AFJP con intereses usurarios: rendían entre el 9 y el 11% anual, cuando la tasa de interés que pagaba el país en ese momento no superaba el 6%.

En 2002, el default nacional, la devaluación de la moneda y el derrumbe de la recaudación de impuestos volvieron imposible el pago de esa deuda. En ese momento, el gobierno de Duhalde discutía con las AFJP cómo se renegociarían los títulos públicos defaulteados que estaban en poder de las administradoras. Los bancos que controlaban a las AFJP le exigían al gobierno que los bonos se renegociaran en su moneda “de origen” (dólares), en oposición a cualquier tentativa de pesificación.

La crisis constituía la oportunidad para investigar el origen de la deuda pública y su carácter usurario. Pero Aníbal Ibarra resolvió lo contrario, y aplicó el libreto que reclamaban las AFJP.

En abril de 2002 anunció una renegociación con los acreedores de los Bonos Tango, reconociendo la totalidad del capital adeudado. Para organizar la refinanciación, Ibarra contrató a la banca Morgan, a cambio de una comisión de 12 millones de dólares.

La “ley Morgan”

La Constitución porteña le asigna al Ejecutivo la facultad de establecer arreglos de la deuda pública, que sólo después deben ser aprobados por la Legislatura. De acuerdo con ello, Ibarra debía proponerle un arreglo a los acreedores y, una vez que éstos lo aceptaran, la Legislatura tenía que refrendarlo. Pero J.P. Morgan le impuso a Ibarra operar al revés: que la Legislatura votara previamente el acuerdo, y que los acreedores lo refrendaran o rechazaran. J.P. Morgan quería llevarle a los usureros un acta de rendición incondicional de todos los poderes de la Ciudad. El 18 de abril de 2002, la Legislatura votó la “reestucturación” urdida entre Ibarra y los usureros. En su intervención en la Legislatura, Altamira calificó a este acuerdo como “la ley J.P. Morgan”.

El arreglo reconocía la totalidad del capital de la deuda sin quita alguna y en sus monedas originales, en momentos en que los “bonos Tango” se cotizaban al 25% de su valor. Sólo fue reconocida una quita del 30% en los intereses pactados, lo que no le quitó su carácter usurario. Es que los nuevos intereses, de entre el 7 y 9 por ciento anual, resultaban entre dos y tres veces superiores a las tasas de referencia internacionales de ese momento. La tasa del 11% que había aceptado De la Rúa correspondía a los niveles de la crisis asiática y rusa de 1997/99.

En diciembre de ese año, se completó el negociado con el acuerdo por la deuda en pesos. La Legislatura votó la refinanciación de los Bonos Tango emitidos en pesos, disponiendo que fueran indexados de acuerdo con la recaudación tributaria, a sabiendas de que la recaudación impositiva se encontraba, debido a la crisis, por el suelo. Por lo tanto, los acreedores se beneficiaron con los aumentos extraordinarios del cobro de impuestos producidos con la recuperación económica posterior. Ibarra logró lo que parecía imposible: beneficiar a los acreedores en pesos, luego de una mega-devaluación del peso.

En marzo de 2003, una asamblea de acreedores de los bonos Tango aprobó en Londres la “reestructuración”, con un nivel de aceptación del 90%. Los voceros del capital financiero no vacilaron en calificar al arreglo de Ibarra de “ejemplar”. El elogio tenía un claro sentido: con esta refinanciación leonina, se presionaba al Estado nacional por un acuerdo similar con el canje de los títulos de la deuda defaulteada en 2001.

Para defender este rescate de los usureros, Ibarra sostuvo que pretendía “defender el crédito externo de la Ciudad”. Pero en un país que se encontraba en cesación de pagos, la Ciudad carecía de toda posibilidad de acceder a nuevos préstamos. Así quedó demostrado en los años posteriores, cuando el Estado porteño tuvo que destinar entre el 5 y el 10% de sus ingresos presupuestarios a la deuda “refinanciada”, sin conseguir un peso de crédito como contrapartida. Con restricciones de todo tipo, el pueblo de la Ciudad pagó este “regalo” de Ibarra a las AFJP y a la Banca Morgan.

En la bancarrota de 2001/2002, Ibarra jugó como un agente del capital financiero. ¿Qué diferencia hay entre el usurero Ibarra y el minero Gioja, agente de la Barrick Gold, para que Solanas y Bonasso prefieran al primero y se desencadenen contra el segundo? Aliándose a Ibarra (y a Juez), los campeones de la soberanía petrolera y minera, y de la redistribución del ingreso, están anunciando sus colores: por la devaluación que piden los sojeros y por el acuerdo con el FMI, que reclaman los banqueros.

Marcelo Ramal