Políticas

5/9/1996|509

Anuncian anulación de convenios y de derechos laborales adquiridos

Después de anunciar durante meses la intención de reemplazar la indemnización por despido por la formación de un fondo con ese fin integrado por el aporte de los trabajadores, el gobierno anunció que ese fondo sería formado solamente mediante un aporte patronal. ¿Estamos ante una sorprendente rectificación o ante una cantada maniobra?


El apresuramiento con que Caro Figueroa y Carlos Corach salieron de una reunión de gabinete para hacer desmentir una información periodística, delata claramente el impacto que el anuncio de la supresión de la indemnización por despido causó en la población, en las vísperas del congreso de la CGT que deberá votar un paro de 36 horas. Pero las declaraciones completas de los dos jerarcas menemistas llevan a la terminante conclusión de que lo que el gobierno tiene en vista es peor que lo imaginado.


Ocurre que “El gobierno informó ayer, dice Clarín (3/9), que impulsará una reforma de la actual ley de paritarias para la negociación por empresa y la celebración de acuerdos individuales”. Estos nuevos convenios, agrega, “podrán modificar leyes, normas, convenios anteriores e incluso derechos adquiridos”. Esto significa, simplemente, entre otras cosas, que podrán derogar la indemnización por despido no solamente para los nuevos contratados, sino también para los trabajadores antiguos que la conservan como derecho adquirido. Serán estos nuevos convenios por empresa o individuales, sin intervención del sindicato, los que establecerán la nueva modalidad de las indemnizaciones por despido y, por lo tanto, si se hará cargo de ella el patrón o el obrero. Lejos de establecer compulsivamente un fondo para despidos a cargo de la patronal, el anuncio promete a las patronales el desconocimiento de los años de antigüedad de los trabajadores que se encuentran en actividad, e incluso, de cualquier tipo de indemnización, y condiciona el régimen futuro a negociaciones por empresa o individuales claramente favorables a los patrones.


Todo esto significa que quedarían suspendidas o derogadas las actuales convenciones de trabajo. En una información de hace dos semanas, Ambito (21/8) anunció que las nuevas disposiciones darían “libertad para firmar contratos con una duración máxima de tres años años y sin indemnizaciones”. Los salarios quedarían entonces congelados por el trienio.


Es natural, entonces, que el cavernario Julián de Diego, ‘especialista’ de Ambito (3/9), diga que el paquete que supuestamente anunció el aporte patronal para un fondo de indemnizaciones, “bajaría el costo laboral en promedio entre 6 y 12%”. De Diego anuncia el fondo de indemnización pero no quién lo aportaría, lo que dadas sus conexiones con el gobierno y las patronales, significa que sabe más de lo que dice. En un artículo anterior (23/8) reclamó “suspender los convenios colectivos”, precisamente lo que prometieron Caro Figueroa y Corach. Liquidados los convenios, la cuestión indemnizatoria se arreglará a gusto de las patronales.


Página 12 (3/9) supone que el aporte patronal mencionado por Caro Figueroa sería del 2%, lo cual lo lleva a calcular una pérdida mayor al 50%, con relación al sistema que rige en la actualidad, para el caso de un trabajador que fuera despedido luego de tres años de actividad. Sin embargo, ni siquiera esto sería una prueba de que a los patrones les convendría aportar al fondo de indemnización, por la simple razón de que deberían hacerlo para la totalidad de los trabajadores, muchos de los cuales nunca serán despedidos y que, al igual que los renunciantes, se llevarían ese fondo, encima capitalizado, a sus bolsillos. En la actualidad, el capitalista hace una “previsión por despidos”, que se basa en una estimación de las cesantías probables, no de la totalidad de los empleados.


Otro ‘especialista’ de Ambito, Carlos Pagni, dice que el “impacto de esa contribución (patronal) se trasladará a los sueldos” (3/9), es decir que lo pagará el trabajador, lo cual sólo podría ocurrir  en el caso de un convenio individual o por empresa, porque sólo allí podrá la patronal imponer que el salario que se establezca ya tenga deducido lo que luego figuraría como ‘aporte patronal’.


El meollo del anuncio de Corach-Caro Figueroa es, por lo tanto, la anulación de los convenios y de los derechos adquiridos de los trabajadores, es decir, la pérdida completa de protección laboral, incluida la indemnización ya devengada.


Con anuncios como éstos, el gobierno está pidiendo a gritos que lo reventemos.


¡Hay que darle el gusto!