Políticas

19/5/2005|900

APEL en el juicio

La Asociación de Profesionales en Lucha en el Polo Obrero, representada por la Dra. Claudia Bracamonte, patrocina a la familia Kosteki en el juicio que acaba de comenzar el 17 de mayo.


Durante la primera jornada, al presentar los letrados patrocinantes de los particulares damnificados los lineamientos de la acusación al Tribunal, Apel destacó el plan represivo y conjunto de Estado durante 2002, que tuvo a la jornada del 26 de junio como el “laboratorio de ensayo”.


La intervención de la Dra. Bracamonte destacó que se trató de “una operación de Estado advertida con antelación, ya que desde el 18 de junio de 2002, el gobierno nacional, la Justicia y las fuerzas de seguridad habían avanzado en la definición de las directivas que deberían acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar las protestas como los piquetes; las huellas de esta operación de Estado también se pueden encontrar fácilmente en las declaraciones del 26 de mayo, donde Duhalde y los gobernadores consagraron la firma de los 14 puntos del acuerdo con el FMI, resolviéndose como punto central un giro en la política de seguridad”.


Mientras la defensa del asesino Fanchiotti permanentemente interrumpía con provocaciones el planteamiento de Bracamonte, la denuncia sobre la responsabilidad material de Duhalde y sus funcionarios generaba al mismo Tribunal cierta “molestia”; no solamente las palabras de la compañera de Apel apuntaban a la imputación de los funcionarios: hasta el momento, el gobierno de Kirchner ha tendido un manto de impunidad con relación a esas responsabilidades, lo que fue subrayado por Bracamonte y generó la exasperación del Tribunal.


De acuerdo con lo que destaca el diario Clarín el día después, “la presidenta del Tribunal, Eliza López Moyano, le pidió [a Bracamonte] tres veces —cada vez con un tono más enérgico— que se limitara a los hechos traídos a juicio y a señalar los lineamientos de lo que será su acusación en el juicio. Y enseguida le advirtió: ‘Esto no es una tribuna’. Bracamonte se quedó sin leer una parte en la que cuestionaba a Kirchner por ‘su negativa a abrir los archivos de la Side sobre este caso’” (Clarín, 18/5). Por otro lado, los abogados del resto de los particulares damnificados se limitaron a plantear la “orquestación de un plan diseñado desde esferas jerárquicas superiores” y una “cadena de encubrimientos del Estado”.


Como hemos señalado en estas páginas, la lucha política que venimos desarrollando desde Apel junto a la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente Pueyrredón previamente a este juicio, para que Duhalde y su banda paguen con la cárcel su responsabilidad por los asesinatos de Santillán y Kosteki (y no solamente los que tiraron del gatillo) es ahora llevada por Apel “en tiempo y forma” a los Tribunales de Lomas de Zamora, donde se va a desarrollar este juicio. Lo mismo vale con la denuncia del encubrimiento del presidente Kirchner (quien, contrariamente a lo prometido a los familiares de las víctimas, no abrió los archivos de la Side que comprobarían la existencia del plan de Estado) en torno a estas responsabilidades.


Como fruto de esta lucha —dentro y fuera de los Tribunales— ahora los jueces han tenido que citar a declarar —en carácter de testigos pero no de imputados— a Duhalde, Atanasoff, Jaunarena y Juan José Alvarez, para el 7 de julio, y a Kirchner, Vanossi, Solá y Matzkin, entre otros, para cuatro días después.


La mayoría de estos personajes (no el caso de Duhalde, por ejemplo) se ampara en sus fueros legislativos o ejecutivos para no pisar el Tribunal y para elevar, en su lugar, un escrito.


La intervención de Apel en esta causa, patrocinando a la familia Kosteki, es la prolongación de la lucha política contra un régimen asesino, impune y encubridor.