Menem-Cavallo han enviado un proyecto de ley que es un parte de guerra contra los trabajadores y los jubilados. Arrasa con las jubilaciones ya otorgadas y con las futuras. Coloca a la ley de Presupuesto por encima de la Constitución y de toda la jurisprudencia argentina e internacional que ellos mismos confeccionan. Legisla con retroactividad y le otorga nuevas prebendas a la “jubilación privada”.

Este proyecto está armado para darle a la banca internacional sobradas garantías de que el gobierno seguirá pagando puntualmente la deuda externa y que el déficit fiscal será corregido mediante un ataque en regla a los jubilados. Por eso la médula del proyecto es que subordina el pago de las jubilaciones a los recursos que establezca el Presupuesto, luego de garantizados los pagos de la deuda y de todas las prebendas a los capitalistas. En síntesis, de aquí en más el sistema previsional ni siquiera será de reparto, porque no se distribuirá lo que ingresa sino lo que queda después de cumplir con los acreedores financieros, con el pago de los subsidios a los exportadores (devolución de impuestos y reembolsos) y demás prebendas.

Pruebas al canto.

El proyecto establece que el Estado sólo pagará por jubilaciones lo que se establezca en el Presupuesto Nacional, independientemente de lo que recaude el sistema previsional, o del monto de los aportes y años aportados por los trabajadores. Automáticamente, el sistema previsional estatal quedará reducido a un régimen de aportes a cargo exclusivamente de los trabajadores, puesto que se proyecta rebajar y eliminar los aportes patronales, con beneficios jubilatorios indefinidos, que surgirán de lo que sobre de un Presupuesto elaborado y confeccionado por la banca internacional y los grandes capitalistas.

El proyecto elimina toda movilidad de las jubilaciones pasadas y futuras por inflación o nivel de aportes (AMPO), porque establece que sólo se ajustarán de acuerdo a las partidas del Presupuesto. No se tendrán en cuenta ni el costo de vida, ni la evolución salarial ni la variación de la recaudación previsional. El proyecto modifica la reciente ley jubilatoria que ajustaba las jubilaciones estatales dos veces en función del aumento de la recaudación previsional. Esta cláusula ni siquiera podrá ser implementada una sola vez, ya que se la deroga lisa y llanamente.

El proyecto legisla para atrás y elimina el ajuste de las jubilaciones entre el 1º de abril de 1991 y la fecha de entrada en vigencia del proyecto, período en que el costo de vida, índices oficiales, subió más del 58%. Debido a este congelamiento inconstitucional, los jubilados hicieron juicios, con sanción favorable de los jueces, y la Corte Suprema, por pedido del gobierno, suspendió los pagos de las sentencias.

El proyecto legisla más para atrás aún, porque dice que con anterioridad a abril de 1991, las jubilaciones mal liquidadas deben ajustarse por un índice elaborado por la Secretaría de Seguridad Social, que todos los jueces, en cientos de miles de juicios, han considerado “truchos”, obligando al gobierno a pagar las retroactividades con índices de peón industrial.

El proyecto autoriza al gobierno a no pagar las sentencias favorables a los jubilados ni los que establezcan los fallos futuros, ya que el proyecto dice que “las sentencias condenatorias contra la ANSeS serán cumplidas…hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello”. Basta que Menem-Cavallo fijen que sólo pagarán por estas sentencias condenatorias 10 pesos por año, para que el pago de los fallos demore más de un siglo. Hasta ahora las pagaban en bonos. Ahora directamente entrarán en la “congeladora”.

“La presente ley es de orden público, ningún habitante de la Nación puede alegar la existencia de derechos adquiridos contra ella”, dice el proyecto. En realidad, el único “orden público” es el cumplimiento de los compromisos con la banca, los tenedores de los bonos y títulos y las AFJP; solamente estas últimas se están llevando 200 millones de pesos mensuales de aportes de trabajadores sustraídos del sistema previsional público.

Verso

La crisis previsional fue fabricada por Cavallo para justificar este monstruoso ataque. Es superpúblico que les enchufó a las Cajas oficiales el pago de los retiros de los militares, que insumen 130 millones por mes. Se quedó con el 15% de los impuestos de coparticipación que debían ir a las Cajas, lo que representa 250 millones por mes. Les dio a las AFJP la recaudación de 200 millones por mes, que antes iban a las Cajas. Como se ve, más de 600 millones por mes fueron burlados y birlados a las Cajas para pagar los reembolsos a los exportadores y los intereses de la deuda.

¿Toda esta monstruosidad no es motivo suficiente para retomar la Marcha Federal?

¿No es motivo para volver a parar el país, como se hizo el 2 de agosto?

¿No es motivo para hacer una manifestación multitudinaria el día que el Parlamento trate este proyecto antiobrero?

¿Qué esperan el CTA y el MTA, la carroza?

El Partido Obrero llama al CTA, al MTA, a las organizaciones de izquierda, a los delegados y activistas, a organizar una multitudinaria manifestación para derrotar este proyecto monstruo.

Esta es la tarea que está planteada hoy.