El Departamento San Martín sufrió una catástrofe en el verano 2006, cuando el desborde del Río Seco se llevó un puente, dejando aislado por semanas a todo el Norte salteño. Al mismo tiempo, el desborde del río Tartagal se llevaba las defensas y derrumbaba decenas de viviendas. Algo similar ocurría en Campamento Vespucio..

A la hora de encontrar las explicaciones, los pobladores fueron contundentes. Los desmontes indiscriminados y las voladuras que realizan las petroleras en sus estudios de sísmica habían destruido el ecosistema en las cuencas altas de los ríos de la zona. El suelo, fácilmente erosionable por naturaleza, facilitó el trabajo de las aguas, que cambiaron de curso provocando el caos y la destrucción en rutas y áreas urbanas.

Desde entonces se ha continuado desmontado miles de hectáreas; en algunos casos, incluso, sin pasar por los procedimientos truchos de autorización de la Secretaría de Medio Ambiente. Esto fue denunciado en su momento por los familiares de Liliana Ledesma, la dirigente de la Asociación Pequeños Productores de Salvador Mazza asesinada por las mafias.

Las convocatorias a audiencia pública son apenas un encubrimiento de autorizaciones para desmontar ya otorgadas, ya que esas audiencias no son vinculantes.

En este cuadro, por iniciativa de José Barraza, concejal por el PO en Tartagal, fue aprobada una resolución que rechaza el desmonte de las 1.200 hectáreas de la finca Yariguarenda, ubicada a 6 kilómetros de Tartagal.

El Concejo Deliberante de Tartagal reclamó al gobierno provincial, a la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia y a la Secretaría de Medio Ambiente, "dictar las normas correspondientes a fin de rechazar la habilitación del desmonte" de la finca mencionada.

Dos semanas antes de esta resolución, la Secretaría de Medio Ambiente provincial convocó a una audiencia pública solicitada por Agromixta SRL y Codegran SRL, empresas de propiedad de Jorge Alberto Balbi, de Tucumán, para desmontar 1.200 de las 1.760 hectáreas de la finca.

La audiencia fue convocada sin que se hubiera aportado la documentación correspondiente al Concejo Deliberante de Tartagal, lo que refleja la intencionalidad de que la audiencia pública transcurriera en el mayor de los sigilos.