La ley que se votó en la Legislatura de Chubut selló un pacto de todo el arco político patronal, con el objetivo de autorizar al gobernador Mariano Arcioni a iniciar la renegociación de la fraudulenta deuda. Este hecho puso en evidencia que independientemente de las idas y venidas de unos y otros bloques, las denuncias cruzadas y las crisis, los bloques políticos de la Legislatura defienden y sostienen un régimen de saqueo de la clase obrera y de los recursos de la provincia.

Esto explica que, a pesar de ser Arcioni uno de los gobernadores de peor imagen del país, con varios pedidos de juicio político y un movimiento popular que encarna el “Fuera Arcioni” como una de sus consignas principales, el gobernador se hizo de un triunfo en relación a su línea política de la reestructuración de la deuda, que logró sobre todo por la colaboración del Frente de Todos a nivel nacional, por parte de Guzmán y de Rafael Brigo del Ministerio de Economía y a través de figuras provinciales como el intendente de Comodoro Juan Pablo Luque, el diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igón, y el burócrata petrolero “Loma” Ávila, que cerraron filas y ordenaron las tropas para el voto en la Legislatura. Este ordenamiento sirvió también para que el interbloque de los Sastre-Maderna dejara de lado momentáneamente sus reclamos por las redes sociales para alinearse al voto positivo. La unidad esporádica en favor de los bonistas deberá superar las fuerzas centrífugas de la brutal crisis que atraviesa la provincia y que se profundiza.

Los ataques a las y los trabajadores provinciales se vienen agravando. El salario estatal está congelado, perdiendo progresivamente su poder adquisitivo. La deuda de sueldos alcanza dos meses, con amenazas de reemplazarlo por bonos y falta el aguinaldo. El ingreso a la planta estatal se mantiene imposibilitado (salvo para nombramientos políticos), mientras que avanzan con las suspensiones en el Estado, jubilaciones por decreto y retiros “voluntarios”. Los presupuestos de salud y educación se muestran completamente insuficientes, y la caja de ISSyS-Seros se mantiene vaciada por la deuda histórica y la asimilación del directorio a las políticas del gobierno. Esta orientación de vaciamiento del Estado es parte de la ofrenda de garantías del gobierno hacia los bonistas, quienes reclaman una reestructuración capitalista más profunda, como la llegada de la megaminería contaminante y un mayor ajuste a las y los trabajadores en función de que el gobierno se haga de los recursos para el pago de la deuda. Las y los trabajadores del sector privado también están sufriendo, a través de los despidos, el cierre de plantas y las suspensiones, el ajuste provincial y nacional, a pesar de las exenciones y subsidios a las patronales.

El avance del ajuste viene de la mano de una profundización de la orientación represiva de la mano de Arcioni y de su ministro de Seguridad, Federico Massoni. A las represiones sufridas por las y los trabajadores, se le sumaron denuncias de todo tipo de abuso y allanamientos arbitrarios durante la cuarentena. Sumado a esto, se judicializa la protesta a través del armado de causas a dirigentes de Atech (docentes) y de ATE, mientras se mantiene impune al patotero de Loma Ávila y sus secuaces rompehuelgas. En este escenario arribó a la provincia la ministra Frederic, para reforzar esta orientación represiva, de la mano de la instalación de un nuevo destacamento de Gendarmería Nacional en rutas 3 y 26, hacia los yacimientos petroleros más importantes de la región, como Cerro Dragón, de Panamerican Energy. Este es el significado, a pedido de las operadoras, de las causas impulsadas desde la Justicia federal a los dirigentes de Atech Sur y ATE, por manifestaciones en dichos puntos estratégicos. En este punto (la criminalización de la protesta) es clarificador cómo coinciden Alberto y Arcioni en una política antiobrera sin matices, en defensa de los intereses de los Bulgheroni, principal exportador de petróleo del país.

A pesar del impasse en las luchas de las y los trabajadores que se gestó momentáneamente a partir de la cuarentena, de la expectativa de todo un sector con el gobierno nacional y por el realineamiento de las conducciones sindicales al mismo (pacto social), rápidamente comenzaron a extenderse nuevamente un reguero de luchas a nivel provincial, hoy protagonizadas por las y los trabajadores de la salud, los paros docentes, los trabajadores de la pesca, textiles, jubilados entre muchos otros.

Este escenario marca la importancia del despliegue de toda la energía de lucha de toda la clase obrera provincial, ocupada y desocupada, del sector público y privado, activos y jubilados. La vasta experiencia del movimiento obrero chubutense marca que tal extenso ajuste debe enfrentarse a través de un plan de lucha unificado y provincial, que no es la orientación de las conducciones sindicales que llevan al desgaste y a la desmoralización. Es por esto que reafirmamos la necesidad del llamado inmediato de plenarios de delegados/as provinciales de los sindicatos de salud, de educación y todos los sectores para luego poner en pie un congreso de delegados/as de todos los sindicatos que levante un programa de salida, basado en el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a los saqueadores de la provincia, para avanzar en un plan de recuperación de los bienes comunes de la provincia a través de su nacionalización bajo control de los trabajadores/as, el desarrollo de la provincia y la expulsión definitiva de la megaminería contaminante a través de la Iniciativa Popular 2020 y la movilización popular.

El Plenario del Sindicalismo Combativo a nivel nacional, y el desafío de ponerlo en pie en la provincia, colaborará en poner en pie al aguerrido movimiento obrero chubutense, dando la batalla por superar a la burocracia sindical y luchar por la independencia política de las y los trabajadores.

¡No al pago de la deuda ni su reestructuración!

¡Fuera Arcioni!

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!