Argentina es noticia hoy por un número considerable de desarrollos desestabilizantes. A medida que se suman, van configurando una crisis política de características excepcionales. Por un lado, los actos de corrupción de empresarios vinculados al gobierno nacional han alcanzado una dimensión novedosa con la aparición de personajes dispuestos a aportar testimonios sobre las tramoyas cometidas. Esto ocurre cuando el oficialismo ha dejado en el camino a una larga lista de funcionarios, camaradas de ruta y grupos económicos que habían acompañado su gestión a partir de 2003. La corruptelas que se ventilan son la consecuencia de esta sangría en cámara lenta y, al mismo tiempo, su causa. El régimen de poder matrimonial ha dejado al desnudo diferencias y divergencias en los métodos de gobierno. Los escándalos no pueden ser confinados al área de asuntos mundanos, sino que son expresión de una crisis política. De naturaleza diferente -pero ligada por un cordón umbilical- es, por otro lado, la crisis desatada con el Poder Judicial a partir de una propuesta de “democratización de la Justicia”. Nadie pone en duda que se trata de un intento de controlar a quienes deberían determinar el destino de los comprometidos en los actos de corrupción. Todo indica que Argentina marcha hacia un enfrentamiento de poderes, sea por la eventual declaración de inconstitucionalidad de diversas piezas de la reforma judicial, como por la posibilidad (menos probable) de un desacato del Ejecutivo a las determinaciones de los jueces. En tercer lugar, aparece la crisis financiera potenciada por una corrida cambiaria, la que ha provocado una brecha del ciento por ciento entre la cotización oficial y no oficial del peso. Montado en este descalabro, algunos grupos capitalistas han decidido postergar o cancelar sus inversiones -como la minera brasileña Vale do Rio Doce; la australiana-canadiense Barrick Gold, en relación a la explotación de la mina de oro de Pascua Lama; la sojera El Talar, que ha trasladado su matriz a San Paulo; e incluso Chevron, cortejada por el kirchnerismo para explotar la cuenca de gas y petróleo no convencional en Neuquén. Estos acontecimientos han acentuado los roces políticos de Argentina con Brasil y hasta con Uruguay. El nunca peor llamado proyecto ‘nacional y popular’ opera con los instrumentos manuales y en contacto de emergencia con las torres de control.

“Quién ha visto un dólar”

El oficialismo de Argentina exhibe una indiferencia fingida por la corrida cambiaria, a la que caracteriza como “marginal”. Sin embargo, es exactamente lo contrario, porque campea a sus anchas no en las casas de cambio de Colonia o Montevideo, sino en el Mercado de Valores y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde se transan la deuda pública y las acciones corporativas. Cada suba de las cotizaciones de estos valores en moneda nacional establece la tasa de cambio decreciente del peso de Argentina, cuando se las confronta con las cotizaciones en divisas de esos títulos en el mercado internacional -Londres y Nueva York. El valor del peso argentino en el mercado de capitales es de diez centavos de dólar. Dados los vasos comunicantes que caracterizan a la economía de mercado, la desvalorización del peso en el mercado de capitales se derrama por el conjunto de la economía. El mercado inmobiliario se encuentra parado, los precios al consumo suben a pesar de los congelamientos establecidos, los capitalistas extranjeros frenan inversiones o desvían ganancias hacia la calesita financiera, los sojeros retienen las cosechas en silos-bolsa, la deuda pública va pasando progresivamente a manos de acreedores que operan desde el exterior.

Las razones objetivas de la corrida cambiaria son dos. Por un lado, un desajuste manifiesto entre la inflación interna, del orden del 30% anual, y la del exterior, que se mueve en un arco del 0 al 7%. El costo de las exportaciones de Argentina se ha encarecido y el precio de las importaciones, abaratado. A esta causa general se añade otra más específica: el Banco Central de Argentina no puede comprometer sus reservas internacionales en la tarea de contener la desvalorización del peso sin el riesgo de vaciar las arcas y producir un derrumbe de la moneda. Pero un motor listo para operar sólo puede hacerlo con la ayuda del combustible. La nafta para el fuego la aporta una tasa de interés negativa y una fuerte emisión de moneda, tanto para hacer frente al déficit fiscal como al pago de la deuda externa. De esta manera, los que especulan contra el peso hacen tomas de ganancias fabulosas entre la cotización que sube y el costo reducido del dinero ajeno con el que operan. Debido a esta bicicleta financiera, ganan tanto los que compran como los que venden, en perjuicio de quienes ofrecen el dinero para especular, que -en definitiva- es el Banco Central de Argentina, financista del sistema bancario.

Por sorprendente que pueda parecer, el pirómano del relato es el mismo gobierno nacional y popular, que se jacta de haber ‘recuperado la soberanía monetaria’ y producido una ‘reforma del mercado de capitales’ (aún en pañales) para hacerlo ‘transparente’. Por cierto, una suba extraordinaria de la tasa de interés oficial derribaría en el acto toda esta corrida cambiaria, pero sería al precio de una bancarrota de los capitales invertidos -que en buena parte son del oficialismo- y de una depresión industrial fulminante. Advertidos de esta disyuntiva catastrófica, algunos economistas neoliberales han sugerido que el Banco Central venda los títulos del Estado que tiene en su poder (tanto en dólares como en pesos) como contrapartida del financiamiento del Tesoro, para producir un recule moderado de la cotización de deuda y acciones en pesos (y, al mismo tiempo, compartir los beneficios que ha dejado la corrida). Esta alternativa, sin embargo, convertiría a la deuda inter-estatal (Tesoro vs. Banco Central) en una deuda pública con el capital privado. Sería la lápida sobre la tumba oficial, porque habría perdido la autonomía de acción monetaria que se había jactado de obtener con la intención de ‘recuperar soberanía’ y mejorar el ‘consumo del pueblo’. La salida que se ventila dentro del gobierno es ‘desdoblar’ el mercado de cambios, o sea legitimar ‘la brecha’ -lo cual serviría para evitar la quiebra de los especuladores, pero no resolvería los problemas del comercio exterior ni detendría por mucho tiempo el ataque a la moneda nacional. La llamada oposición acaba de oficializar la posición de devaluar lisa y llanamente el peso en un 40%; lo que en las actuales condiciones llevaría a una hiperinflación o rodrigazo. La oposición, sea de derecha o centroizquierda, es el ‘lobby’ devaluacionista de los grupos exportadores. Pretende que el gobierno se inmole políticamente, como ha ocurrido en parte en Venezuela, con el retroceso de la candidatura de Maduro.

Excepcionalidad

A este resultado se ha llegado luego de haber impulsado una reestructuración perversa de la deuda externa, cuyo punto de partida fue el reconocimiento de los niveles usurarios que había alcanzado antes de la quiebra de 2001 (y de la estatización de la deuda privada), la que fue acompañada con la entrega de un título usurario (el cupón del PBI), el cual significará -en su período de vigencia- una sangría de 40 mil millones de dólares adicionales. Incapaz de tomar una decisión de conjunto -¡y mucho menos repudiar la deuda externa usuraria!-, el kirchnerismo pretende sobrevivir hasta las elecciones de octubre con un régimen económico de caja, que consiste en reglamentar todas las operaciones económicas con vistas a asegurar el pago de la deuda externa del año corriente y 2014. Es lo que busca asegurar también en el plano político-judicial, mediante el blindaje del tesoro del Estado contra los recursos que se presenten contra medidas oficiales de distinto orden. Por eso pone freno a los reclamos de los jubilados y los trabajadores (el 35% no se encuentra registrado y carece de protección sanitaria y laboral), limita el derecho de huelga y, finalmente, se atribuye el monopolio de la designación de los jueces (para protegerse de las denuncias de corrupción). El estado económico de emergencia se complementa con la necesidad de un estado de excepción en lo político.

En un cuadro de estas características, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores realizó el acto más convocante el pasado 1º de Mayo, lo cual ha dejado planteada no solamente una alternativa socialista a la bancarrota en curso, sino la lucha por conquistar el pensamiento político de la clase obrera de Argentina. Para la izquierda, “la crisis la deben pagar los capitalistas”, lo que significa repudio a la deuda externa usurera, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, jubilación del 82% del salario, reemplazo de los impuestos al consumo por impuestos progresivos al capital y a las grandes fortunas, así como la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control de los trabajadores.