Una multitudinaria movilización ganó la Plaza de Mayo para rechazar las negociaciones por un pacto con el Fondo Monetario. Decenas de comisiones internas y sindicatos combativos, organizaciones sociales y piqueteras independientes y organizaciones políticas referenciadas en la izquierda colman el epicentro del poder político nacional para repudiar la tentativa de un acuerdo con el gigante financiero, que vendrá a imponer un yugo colonial sobre la Argentina e implicará un pacto de ajuste colosal.

El valor político de esta plaza es gigante. En primer lugar, porque la jornada común selló un enorme frente único de luchadores que comprenden al rechazo de cualquier pacto con el Fondo como la base fundamental para el desarrollo del país, para terminar con la miseria generalizada, con la carestía, con los salarios de indigencia y con un ajuste insoportable. Con un régimen de hambre y de saqueo. Esto expresa un avance en la comprensión de que la quiebra de la Argentina en todos los flancos es, en realidad, la consecuencia de los acuerdos y las políticas fondomonetaristas.

El gobierno nacional tuvo que convocar a su propia plaza un día antes, pero para ratificar la perspectiva de un país sometido a sus directivas y al pacto de guerra contra los trabajadores y sectores populares del país para juntar cada centavo de dólar. Aunque muy cínicamente buscaron ocultar lo que profundizará un acuerdo en este sentido, postulando Alberto Fernández con todas las estadísticas en contra que “el ajuste es historia”, luego Cristina señaló como un suceso inevitable que ahora el rumbo económico del país estará supeditado a los mandamientos de Washington.

El gobierno intenta así sembrar el terreno para la resignación de las masas a una ofensiva sin parangón sobre sus condiciones de vida. Aunque el motivo formal de la convocatoria fue un nuevo aniversario del regreso de la democracia, la congregación no tiene otra razón de ser que demostrarle al FMI algún tipo de “respaldo popular” que ampare un acuerdo que millares de personas rechazarían al día siguiente en la misma Plaza de Mayo, en las caras de la gobernación nacional del país.

La convocatoria, de palabra, era para conmemorar el regreso de la democracia; pero terminó siendo un llamado a aceptar la validación de una de las herencias más devastadoras de la dictadura militar: la disparada a los cielos de la deuda externa. De Alfonsín a esta época todos los gobiernos democráticos posteriores validaron y ampliaron, sin grieta, un endeudamiento ilegítimo que condenó al país a la bancarrota.

En esencia, hay un régimen que es heredero de la dictadura, que mantiene a la fecha un cuarto de su legislación redactada bajo la dictadura militar y gobiernos de facto (¡como la que regula al sistema financiero nacional!). La vicepresidenta intentó esconder esto mismo cuando cargó contra la estatización de los pasivos de un puñado de empresas bajo el golpe genocida, pero nada dijo del acatamiento de todo el régimen político posterior para validar, sin siquiera investigar o abrir los archivos de esos años, una enorme estafa contra el desarrollo nacional y pagado una y otra vez a costillas de los trabajadores.

Vale destacar en un mismo sentido, como una ironía muy poco dulce -o más bien bastante amarga- que mientras Cristina y Alberto se embanderaban con los Derechos Humanos frente a Mujica y Lula da Silva, la reforzada policía bonaerense de Kicillof y Berni una vez más asesinaba a un pibe, Luciano Olivera, y, cómo no, reprimía a familiares, amigos y vecinos de la localidad que pedían justicia y que protagonizaron una gran movilización. El amparado ministro del gobernador culpó al policía ejecutor, diciendo que “se asustó y disparó por error”, ocultando el hostigamiento sistemático del efectivo que relató la familia de la víctima sobre él y sus amigos. Lo que, una vez más, revela el modus operandi de clandestinidad y negocios turbios de las fuerza policiales en las sombras, como probó el asesinato también de Lucas González en la Ciudad. Aunque horas después del asesinato de Luciano, Berni homenajeaba públicamente a algunos de los efectivos retirados de la fuerza intentando lavarle la cara a la maldita bonaerense.

Otro punto fundamental para un acuerdo con el FMI será el Presupuesto 2022, cuya votación parlamentaria intenta acelerar este jueves el gobierno en la cámara baja del Congreso Nacional, expectante de que antes de que advenga el año próximo tenga dictamen de los senadores. Un punto crucial que vendrá a constatar el ajuste fiscal pergeñado para juntar los fondos de pago de la deuda y que contempla, por ejemplo, el avance de los tarifazos. Allí estará la nueva bancada del Frente de Izquierda – Unidad para rechazarlo, y para denunciarlo por su nombre ante un parlamento unido por cuestiones de Fondo. Lo propio harán entonces en los recintos provinciales y municipales los nuevos legisladores y concejales del Frente de Izquierda – Unidad: en la Legislatura porteña, en la bonaerense, en el concejo deliberante de Neuquén capital, de Merlo, de La Matanza, Moreno, José C. Paz, y Coronel Pringles.

Pero, fundamentalmente, el camino para derrotar la ofensiva que intentan imponer el gobierno, la oposición patronal, el FMI y los capitalistas contra los trabajadores es multiplicar el ejemplo de la masiva plaza del sábado. Cuando el cuadro social es ya largamente crítico, con casi el 55% de niños y adolescentes pobres, con casi 44% de pobreza general y un récord de trabajadores activos bajo esta línea, y eso sumando a que uno de cada cuatro de los puestos laborales perdidos en la pandemia no se recuperó, a la jornada de este sábado 11 de diciembre se le pone por delante un desafío: continuar un verdadero plan de lucha para enfrentar el ajuste que un acuerdo con el Fondo vendría a profundizar.