Políticas

9/11/2000|687

Argentina piquetera

El corte de la Ruta 3 que acaba de culminar con un completo retroceso del gobierno frente a las demandas de los desocupados, había sido votado dos semanas antes por un plenario de 350 activistas y delegados. Convocado por la CTA, participaron representantes de ATE, Suteba, la Lista Naranja (Gráfica), la Lista Gris (UOM) y las organizaciones de desocupados del distrito Federación de Tierra y Vivienda (FTV-CTA), Desocupados de La Matanza (CCC), Red de Barrios, Movimiento de Mujeres y Trabajadores Desocupados de Laferrere.


La convocatoria había nacido del incumplimiento de la mayor parte de los compromisos asumidos por los gobiernos provincial y nacional para lograr el levantamiento de los cortes producidos el 28 de junio previo, cuando más de 1.500 trabajadores y desocupados ocuparon la Ruta 3 y arrancaron la promesa de 9.000 planes Trabajar, 650.000 kilos de comida fresca, 70.000 Kg. de alimentos secos y tres unidades sanitarias.


El llamado a un nuevo corte reveló que el Consejo de Emergencia, la “alianza social” que reúne al PJ, la Alianza, las cámaras empresariales, el obispado, la FTV y la CCC, había revelado en corto tiempo su incapacidad para dar una salida.


El pliego que fue votado, bajo la consigna de: paren el genocidio, no al pago de la deuda externa, no a la concentración de la riqueza y no al ajuste, exigía:


1. Cesión de cinco millones de pesos en ATN al municipio (sin fijar uso y control de estos fondos).


2. 10.000 planes Trabajar, sumados a los ya reclamados.


3. Plan alimentario para no menos de 30.000 familias.


En lo que constituye un progreso respecto a anteriores pliegos se exigía un plan de obras públicas para enfrentar la desocupación (construcción de un hospital nacional para niños, terminación del Hospital Provincial del Km. 32, construcción y equipamiento de por lo menos 20 unidades sanitarias fijas, construcción de 8 escuelas primarias en remplazo de edificios obsoletos, creación de 100 nuevos jardines de infantes, 200 nuevas aulas, reparación de más de 330 establecimientos), el nombramiento urgente de personal en las áreas críticas de salud, un seguro de empleo y formación de 380 pesos por jefe de familia y 60 pesos de asignación por hijo. A este punto se opone la CCC, que sólo admite reclamos de planes Trabajar con el argumento de que “consideramos que a los monopolios no va a ser fácil sacarles el dinero para pagar el subsidio a todos los desempleados; eso podría ser con otra política y con otro gobierno” (Hoy, 9/8). El reclamo del seguro al parado de 380 pesos fue votado con la abstención de la CCC.


A instancias del bloque de las organizaciones clasistas sindicales se aceptó reclamar la prohibición de los despidos y suspensiones, comedores escolares en cada barrio, salas de primeros auxilios, condonación de deudas de vecinos desocupados e indigentes, reapertura de las plantas cerradas, investigación de las cuentas públicas y un plan de obras controlado por las organizaciones obreras.


El Consejo de Emergencia nació en La Matanza (casi en paralelo con el de Tartagal luego de la pueblada) como un frente de contención en una situación explosiva. La comuna cuenta con fuertes recursos propios manejados a discreción por el aparato pierro-duhaldista, una “caja negra” cuya investigación reclamó la propia Alianza. Hay una huelga impositiva no declarada de una masa de contribuyentes pudientes que “se niegan sistemáticamente al pago de las tasas municipales” (Clarín, 18/9), y como contrapartida, más de 2.000 juicios de apremios contra vecinos no pudientes que pueden terminar con el remate de su propiedad. Hay una política de subsidio a la radicación de empresas a través de la baja de impuestos y la creación de la Zona Industrial Exclusiva.


 


De la Rúa retrocede


Estos antecedentes explican el sentimiento de victoria de los dos mil trabajadores que el sábado 4 votaron a mano alzada el acta-cuerdo. El acta establece un total de 8.400 planes de empleo a cargo de la Nación, lo que duplica la cantidad vigente de planes Trabajar y PEL (160 a 120 pesos), y 7.500 planes a cargo de la Provincia, lo que acrecienta en un 50% el cupo planteado hasta ahora de planes Bonus (100 pesos) y Segunda Oportunidad (120 o 160 pesos). Son casi 16.000 planes, sobre los 8.500 existentes (el primer punto del pliego de reclamos era por 10.000 planes de empleo). En lo que constituye uno de los puntos más significativos del acuerdo tanto la provincia como la Nación mantendrán estos planes hasta que se arribe a “una drástica caída de la desocupación”.


Se establece también la reconstrucción de cinco escuelas, la construcción de 30 aulas, la pavimentación de 80 cuadras, la instalación de tres hospitales móviles y un aporte de la Nación de dos millones de pesos en medicamentos y materiales o herramientas destinados a los proyectos de empleo (ATN). Fuera de esto, el acta dispone la entrega por las tres jurisdicciones de 2.870.000 kilogramos anuales de alimentos secos y frescos, lo que debería suponer la atención de 45.000 familias contra las 30.000 asistidas hoy, y otras concesiones menores (becas, zapatillas).


El gobierno tuvo que retroceder ante la firmeza del corte y la aparición de 14 cortes de ruta en todo el país, precisamente lo que querían evitar. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, había dicho “si les damos más (a los de la Ruta 3) el lunes tendremos doscientos cortes de ruta en todo el país” (Página/12, 4/11).


El acuerdo no contempla al resto de los cortes de ruta del país, desaprovechando una oportunidad única para plantar al movimiento de desocupados como un frente a escala nacional.


Si se compara con el corte anterior, se ve que éste fue más profundo; partió de una deliberación previa de un programa; sumó en la misma ruta a un conjunto de barrios nuevos y a una representación significativa de sectores sindicales y de la clase obrera; el plenario de delegados del Suteba Matanza en la misma ruta, un día después de inaugurado el corte; los funcionarios del Consejo de Emergencia fueron rebasados. Fue significativo el rechazo que generó el levantamiento del corte de las vías del Belgrano, un reclamo que, según “versiones seguras” recogidas por La Nación, provino del intendente Balestrini (PJ), el cual pidió incluso un desalojo parcial de la ruta.


 


La dirección política


A pesar del protagonismo excluyente de las organizaciones de desocupados y de los desocupados no organizados, la dirección de esta lucha (el CCC y la CTA) en ningún momento rompió con el Consejo de Emergencia. Esto plantea el peligro que la Intendencia y sus punteros controlen la efectivización de lo concedido y busquen, a partir de eso, retomar el control político que les hizo perder el corte de ruta. No es casual que en ningún momento se haya planteado el tema del Fondo del Conurbano (600 millones de dólares anuales), que está al servicio de la “patria contratista”, para financiar los reclamos.


Ruckauf salió prontamente a echar todas las culpas al gobierno nacional y a presentarse como un aliado de los manifestantes; Balestrini, el intendente de La Matanza (PJ) coqueteó con la ocupación de la ruta y “es un secreto a voces que la Policía bonaerense no va a intervenir en el conflicto, por cuanto las autoridades provinciales se muestran bastante cercanas a los piqueteros” (Pagina/12, 2/11).


 


Una nueva situación


El desenlace del corte de la Ruta 3 ha abierto una nueva situación de fortalecimiento del movimiento de lucha en todos sus flancos. La ocupación tuvo un enorme eco popular, como lo reveló el debate en las fábricas (colectas, delegaciones, grupos de solidaridad en las escuelas) y la tendencia a ir desde los barrios y talleres a expresar su solidaridad con los ocupantes. Por las mismas razones, se ha instalado una tendencia a extender la organización de los desocupados.


Pensamos, aún más que antes, que es necesaria la convocatoria del plenario de organizaciones y representantes para organizar en forma independiente el control de lo arrancado y no dejarlo en manos del Consejo de Emergencia.


También tendríamos que debatir el llamado de unir los cortes de la provincia y del resto del país en un Congreso Nacional de Organizaciones de Desocupados.