Emilio Cárdenas, ex embajador menemista ante la ONU, dio a principios de abril una verdadera ‘primicia’. Refiriéndose a las negociaciones secretas que realizan diplomáticos argentinos y británicos, escribió que “el ‘arreglo’, que según se nos anticipa estaría próximo a anunciarse, incluiría aspectos relacionados con la prospección de hidrocarburos” (La Prensa, 5/4).

Avisado de lo que se negocia, Cárdenas nos dice que ya casi todo está ‘cocinado’. No se atreve, sin embargo, a calificar lo que se cocina como un tratado; prefiere llamarlo ‘el arreglo’, es decir, un trato más propio de mercaderes que de diplomáticos.

Lo importante de las palabras de Cárdenas, sin embargo, es que relaciona la cuestión de la soberanía (‘el arreglo’) a la de los acuerdos petroleros, que empiezan a rendir sus primeros frutos concretos. A fines de abril comenzarán las exploraciones petroleras efectivas en las aguas que rodean Malvinas. En el área operan las cuatro compañías internacionales que ganaron la licitación unilateral convocada por el gobierno colonial isleño en 1995. Por otra parte, los diplomáticos están ‘trabajando contra reloj’ para que, cuando viaje Menem a Londres, en noviembre, Blair y el riojano puedan anunciar una licitación conjunta en las aguas ubicadas entre el continente y las islas.

‘Negocios’

Esa licitación de 1995 constituyó un acto de piratería internacional con la complicidad del gobierno menemista. Argentina no rechazó la convocatoria unilateral del gobierno kelper ni tomó represalias contra las empresas que participan. Así, “despejó el camino para el gobierno de Malvinas” (La Nación, 22/3), ya que “la licitación internacional no hubiera podido realizarse sin el consentimiento de Argentina” (Clarín, 10/4).

El gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley según el cual, si hay petróleo en el área licitada por los kelpers, Argentina cobrará regalías equivalentes al 3% de la extracción. La ley no ha sido sancionada y es fácil ver la razón. Como la ley de hidrocarburos vigente fija una regalía mínima del 9% para todo el territorio nacional, la pretensión de cobrar una regalía especial del 3% en la zona dominada por los ingleses equivale a una tácita distribución de regalías con los británicos. En otras palabras, significa reconocerle a los británicos derechos soberanos sobre las islas. La sanción de semejante ley debería acarrear el inmediato juicio político de quienes la votaran porque implica una estruendosa violación de la Constitución Nacional.

En cuanto a la licitación conjunta que menemistas y británicos esperan poder lanzar en noviembre, se trata de un acuerdo “que no tiene precendentes en el mundo” (Buenos Aires Económico, 14/4). Gran Bretaña y Argentina pondrán a licitación, al mismo tiempo pero por separado, un conjunto de áreas contiguas y continuas. Los ganadores de esas licitaciones –la inglesa y la argentina– deberán asociarse para su explotación común y pagarán regalías por separado a cada uno de los Estados. Entre Argentina y Gran Bretaña, se estableció “el tácito acuerdo de que la regalía combinada no sería prohibitiva” (Financial Times, 1/4), lo que implicaría votar otra excepción a la ley de hidrocarburos, es decir, violar otra vez la Constitución.

¡”Soberanía compartida”, las pelotas!

Se estima que las reservas petroleras en las aguas que rodean a Malvinas son superiores a las del Mar del Norte y que su explotación podría producir ingresos por regalías de 1.500 millones de dólares anuales, en los próximos veinte años. El cuadro económico y jurídico establecido en los acuerdos que permiten semejante emprendimiento capitalista, presupone la renuncia de Argentina a todo reclamo, actual o futuro, a la soberanía de las Malvinas, dada la ‘seguridad jurídica’ que exigen los inversores.

El gobierno menemista es plenamente conciente del alcance de los acuerdos petroleros que impulsa. Por eso, pretende encubrir su capitulación con una ficción de ‘soberanía’: una bandera que ondeará en el cementerio donde están enterrados los soldados argentinos muertos en la guerra.

Los británicos le achacan a la ‘soberanía compartida’, ‘incompatibilidades constitucionales’. En otras palabras, exigen la reforma de la Constitución argentina para derogar los artículos que reivindican nuestra soberanía sobre las Malvinas (y también de las constituciones provinciales que tengan cláusulas similares). Exactamente eso es lo que impusieron en el ‘acuerdo de pacificación’ firmado recientemente en Irlanda: que la república del sur derogue los artículos de su constitución que reivindican su soberanía sobre el territorio ocupado del norte. Ni más ni menos que la adecuación del régimen constitucional argentino a los acuerdos petroleros.

Clarín informa que: “En el paquete que Argentina le ofrecería a los isleños figura la propuesta de congelar las discusiones de soberanía por un período prolongado, de manera de posibilitar la reanudación de las comunicaciones y las relaciones comerciales con el archipiélago” (13/4).

‘Re-reelección’ y entrega de Malvinas

Los acuerdos petroleros de Malvinas constituyen una piedra angular de la campaña ‘re-reeleccionista’. Clarín (13/4) informa que “en el caso de que los avances sean notorios, Menem planea llamar a una consulta popular para convalidar el ‘paquete’ …”. Si París vale una misa, las Malvinas bien valen una bandera. Por eso, los británicos estarían dispuestos a permitirle a Menem contar con “un símbolo de alto impacto” (La Nación, 22/4).

La Alianza, mientras tanto, no ha encontrado ni el lugar ni la hora para denunciar la entrega de Malvinas a manos de los pulpos petroleros y el imperialismo por una razón de clase: como ‘abogada’ de la convertibilidad, del FMI y del gran capital, no puede oponerse a los ‘negocios’ de Techint, de la Shell, de los bancos que los financian y de las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña.