02/06/2005 | 902

Así prepararon la masacre de Avellaneda

Hacia mayo de 2002 era evidente el fracaso del gobierno Duhalde en aniquilar la rebelión popular. Ni la represión ni la cooptación habían funcionado y, por el contrario, la movilización popular se acentuaba. A fines de mayo, con la crisis política a punto de devorarlo, Duhalde negoció en La Pampa con los gobernadores del PJ el “endurecimiento de las acciones del gobierno” (Ambito, 29/5/2002) contra los piqueteros y los movimientos de lucha, para lo cual se debía “incluir a fiscales y jueces” (ídem).


El 7 de junio los diarios publicaban las amenazas del gobierno contra los piqueteros. Ambito las calificó de “inesperado anuncio”. BAE decía el mismo día que el gobierno “resolvió finalmente ponerles un límite a los piqueteros”. Se comenzaba a poner en marcha lo resuelto entre el gobierno y los gobernadores del PJ.  (10/6/2002) informaba acerca de la “existencia de un plan de represión de las fuerzas armadas” para “impedir la desintegración nacional”. Días más tarde, el canciller Ruckauf llamaba a los aviadores a sumarse a la represión.


La Nación


El 14, de acuerdo con Ambito “el ministro de Gobierno santafesino, Esteban Borgonovo, dijo que ‘no toleraremos que los piqueteros sitien nuevamente la ciudad’”, y señaló un cambio “de actitud respecto a los piquetes. Borgonovo avisó que, de ahora en más, la política oficial con los piqueteros será más dura”.


El 16, Clarín notificó que el secretario de Seguridad, Alvarez, consideraba el corte de los accesos a la ciudad como “una acción bélica”. Y agregó un dato: “Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, la Secretaría de Seguridad fue sacada de la órbita del Ministerio del Interior y colocada bajo dependencia directa del Presidente, convertida en un virtual ministerio”.


El 17, después de una reunión con Alvarez, Duhalde advirtió: “Hay que evitar los piquetes (…) no puede ocurrir más que se corten los accesos a la Capital Federal” (Diario Popular, 18/6/2002). El 18 de junio se produjo una “reunión cumbre” (cable de la agencia Infosic, publicado en Prensa Obrera Nº 761) “para definir normas contra los piquetes”. El cable consignaba que “por segundo día consecutivo se reunieron en la Casa Rosada los responsables oficiales del área de la seguridad para analizar la actitud con la que el gobierno afrontará las modalidades de protesta social a través de la renovación de los piquetes y disturbios. Pero la preocupación oficial se evidenció hoy cuando, además de los jefes de las fuerzas de seguridad, se convocó al ministro de Justicia, Jorge Vanossi; el procurador, Nicolás Becerra, y el jefe de los fiscales penales federales, Norberto Quantín. Una fuente gubernamental relató a Infosic que la reunión de seguridad, que el lunes encabezó el presidente Eduardo Duhalde, y hoy el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, avanzó en definir los roles de cada uno de los sectores involucrados al actuar contra la protesta popular”.


Sigue el cable: “En los encuentros se debatió cuál será la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal [cuyos jefes estuvieron presentes] y la cobertura a su acción que tendrá en la Justicia, a través de los jueces y los fiscales federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno”.


El plan represivo preveía la preparación de las comisarías para recibir masivamente detenidos. Clarín del 19 informa que “la preocupación por la seguridad no estuvo ajena tampoco en el almuerzo que compartieron ayer en la Casa Rosada el presidente Eduardo Duhalde y el gobernador bonaerense, Felipe Solá: acordaron utilizar la capacidad ociosa del Servicio Penitenciario Federal para alojar presos en sus cárceles y descomprimir las comisarías de la provincia” (el 26 de junio, 150 compañeros fueron encerrados en la ‘descomprimida’ Comisaría 1ª de Avellaneda) y “señalaron la necesidad de coordinar las políticas de seguridad entre la Nación y Buenos Aires. Para ello acordaron convocar a una reunión urgente entre organismos de seguridad de ambas jurisdicciones. Para demostrar que lo consideran una cuestión prioritaria, Duhalde y Solá participarían en forma personal de ese encuentro”.


Las amenazas del gobierno se sucedieron todos los días, incluso del propio Duhalde: “Tenemos que ir poniendo orden” (El Cronista, 19/6/2002). Clarín insistió el 20 en el ‘nuevo rol’ de la Justicia: “A la Justicia no la tomará desprevenida cualquier incidente que se pudiera producir”.


Al día siguiente, La Nación informó que “altas fuentes de la Presidencia (…) expresaron su intención de ‘recuperar rápidamente el orden públi co’”. Y agregó: “Aunque no aparecerá por escrito en ninguna parte, la consigna que recibió la policía es la siguiente: sólo se permitirá el corte de caminos de poca circulación. Cuando los piquetes se instalen en autopistas o puentes, la orden será desalojar”. Y concluyó: “Para esa tarea, el Gobierno ya cuenta con un elemento del que carecía hace unos meses: el apoyo del Poder Judicial, sin cuya orden expresa es imposible realizar desalojos o represiones”.


El 23 Ruckauf advirtió a un auditorio de militares que se venían “días de desbordes”. Brinzoni, entonces jefe del Ejército, confirmó que se discutía que esa fuerza “se ocupe de cuestiones de seguridad que hoy están en manos de la Gendarmería y la Policía” (Página/12, 24/6/2002).


El 24, dos días antes de la masacre, Ambito informaba que “la Justicia de la provincia de Jujuy ordenó a la Policía local que garantice la libre circulación de vehículos y peatones por calles y rutas y otorgó facultades para realizar la detención de piqueteros”. El día anterior habían sido allanados los locales de la CTA y ATE de la capital provincial.


Entre el 24 y el 26 de junio medio gabinete salió a atacar a los piqueteros. El 25 se produjo un anticipo de lo que sería la represión del 26. En Tucumán, “la policía local junto con la Gendarmería desalojó tres piquetes en los puentes Lucas Córdoba, San Andrés e Ingeniero Barros, en el último caso con gases lacrimógenos. El despeje fue realizado por pedido del gobernador Julio Miranda (PJ), con conocimiento del juez federal Felipe Terán” (Página/12, 26/6/2002).


El 26, con 3.000 policías, gendarmes y prefectos en la calle, el gobierno jugó la carta de la aniquilación de la protesta popular para alcanzar su gobernabilidad.

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