25/03/2015 | 1356

Asociación ilícita


Sus vínculos mafiosos con la familia presidencial, fuentes de su fortuna, le acarrean a Cristóbal López no pocos problemas. Por ejemplo, hace un par de semanas se supo que le pagó a la Presidenta 319.000 dólares en los últimos ocho meses por el alquiler de inmuebles. Es un monto insignificante para esta gente, pero no importa la cantidad de dinero: constituye delito cualquier relación comercial privada entre un contratista del Estado y la presidenta de la Nación.


Pero hay bastante más. A partir de esa revelación salió a la luz un extendido negocio hotelero en común entre López y los Kirchner, que promocionaban juntos, por medio de una gerenciadora que comparten, sus hoteles en el sur. Es una sociedad peor que sospechosa, casi tanto como los pagos de Lázaro Báez por centenares de habitaciones que nunca ocupó en hoteles de los K (uno de los modos más elementales, casi primitivos, de lavar dinero mal habido es precisamente el alquilar en hoteles habitaciones que no se ocupan).


Por todo eso, los buitres aprietan en tribunales norteamericanos, con el argumento de que hay una sociedad delictiva entre López, Báez y Cristina Fernández, por lo cual los fondos abundantes que esos tres tienen en el exterior pertenecerían en verdad al Estado argentino, al que se los habrían robado, y son por lo tanto embargables. En ese caso tampoco importa el monto del dinero (apenas un pequeño porcentaje de lo que se reclama) sino el escándalo político y el consiguiente proceso penal, que servirían a modo de extorsión.

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