A casi un mes de la firma de un acta en la que el gobierno provincial se comprometió a no producir despidos ni cerrar o privatizar el Astillero Río Santiago, garantizando además los insumos necesarios para los trabajos en curso, y del reemplazo del interventor Daniel Capdevila por el actual Héctor Calvente, es necesario sacar varias conclusiones. En principio hay que señalar que desde Navidad y Año Nuevo se sucedieron varias jornadas de asueto que se extendieron a la modalidad de horario reducido durante gran parte del mes de enero (la justificación según la intervención de la empresa es por tareas de desinfección y refacción del Comedor).

Todavía no hay noticias de la llegada de los insumos claves para garantizar los trabajos en curso y la tan ansiada reactivación y además la liquidación del adicional por vacaciones se ha hecho con una poda importante. Ni hablar que no se ha vuelto a discutir la recuperación del plus por eficiencia que la Intervención de Capdevila dejó de pagar meses atrás. Por si fuera poco, a los procesamientos de los dirigentes de ATE luego de la ocupación del Ministerio de Economía, se suma ahora el procesamiento de Alejandro Villarruel, trabajador del Astillero acusado de "intimidación pública" por sus dichos en una asamblea.

Todo este panorama ha provocado las convocatorias a diversas asambleas de sector, tales como las de estructura, gradas, la escuela y carpintería, que se han pronunciado por todas estas reivindicaciones para ser discutidas en una más que necesaria asamblea general.

La lucha por el cumplimiento de los puntos firmados en el acta y por el desprocesamiento ya de todos los que están en esa situación por haber enfrentado el ajuste es una tarea de los trabajadores organizados.

La convocatoria a una asamblea general debe hacer un balance de estos últimos acontecimientos y establecer un plan de acción para conquistar los reclamos pendientes. La "paz social" que ha derivado de la firma del acta de septiembre, con fuerte injerencia de la Pastoral Social de la Iglesia, no debe ser un obstáculo para seguir en el camino de la organización y la lucha que es lo que verdaderamente ha impedido el objetivo manifestado por el propio Macri de "dinamitar el Astillero".

Por la urgente convocatoria a una asamblea general. Por el cierre de las causas y el desprocesamiento de los luchadores.