El plenario de secretarios generales resolvió continuar el plan de lucha con 48 horas para el 30 y 31 de marzo, con levantamiento de las barreras del peaje y marcha provincial, y 72 horas para los días 6, 7 y 8 de abril, que contempla un acampe en casa de gobierno. El 4 de abril, a tres años del asesinato de Carlos Fuentealba, se realizarán actos en Arroyito y una marcha central en la capital neuquina.

Las asambleas serán recién el 8 de abril (a 13 días de la última). El paro, sin embargo, no será con cortes de ruta como se perfilaba para Semana Santa, luego de haberse impuesto ajustadamente en la asamblea de capital la moción contra el corte por 267 a 207 votos.

Se ha puesto al desnudo la política de la dirección de Aten y de la CTA, que no ceja en su insistencia de seguir con un paro en piloto automático hasta su desgaste, para crear las condiciones de una tregua exigida por Sapag, que pretende negociar en base a la liquidación del régimen de licencias: “La falta de recursos podrá estar en el tema de las suplencias. Es preciso tomar 30 días en los cuales esperamos un gesto de los gremios de terminar con estas medidas que no le hacen bien a la educación” (La Mañana Neuquina, 26/3). Amenazó con el descuento de días de paro: “Creo que podemos encontrar caminos de convergencia pero ya he dicho que quien no trabaja no cobra y eso parte del derecho a huelga” (Río Negro, 25/3).

La única fortaleza de Sapag (un gobierno dividido y en crisis) reside en que cuenta con la dirección en Aten-CTA que amortigua el impacto político de la lucha en curso.

Una lucha a prueba

La dirección de Aten-CTA está frente a una huelga que no quiere. Deben apelar a la violación de los métodos de resolución en el plenario de secretarios generales a favor de una política de boicot. Ejecutan la asfixia económica a las seccionales para condicionar sus iniciativas. Las medidas, aún morigeradas en los plenarios de secretarios generales, expresan una puja entre las bases que se esfuerzan por sortear todos los obstáculos políticos que presentan las direcciones y el gobierno.

Mientras tanto, madres y padres que se movilizan por las deficiencias edilicias, transportes y partidas. Se sumó la comunidad mapuche de Caviahue con un corte de ruta ante la falta de pago de la Ley Nº 2128 (subsidios), de leña, transporte y el albergue escolar. El corte de las prestaciones de la obra social (ISSN) nos obliga a pagar como mínimo 100 pesos la consulta. Los precios galopan la carrera inflacionaria. Ahora se agrega la cancelación de la asistencia médica en las escuelas, poniendo en riesgo a los alumnos y a los docentes entre la responsabilidad civil y el abandono de persona.

Este plan de lucha ingresa en una etapa clave. Sobre esta premisa, se trata de mantener la masividad en la adhesión al paro, marchas y asambleas, de unificar con los padres, de tomar en cada escuela y organismo estatal el reclamo del Congreso de bases y un plan de lucha de la CTA. Tribuna Docente se juega entera por ese camino.