En una jornada desplazada en el interés público por el acto de inauguración por CFK de las sesiones del Congreso nacional se realizó, en el Centro Cultural General San Martín, una audiencia pública para debatir el aumento de la tarifa del subte. La nota la dio la oposición parlamentaria antimacrista, por su intervención mediocre y de encubrimiento de su propia capitulación ante la derecha. Del macrismo sólo se podía esperar lo que produjo, una pobre justificación del tarifazo. En su exposición, quedó claro que los gastos operativos del subte no deben afectar la caja que el macrismo está armando a partir de los aumentos de impuestos y peajes, así como del endeudamiento de 300 millones de dólares autorizado por la ley de traspaso. A ello, se agregan los beneficios de los negocios colaterales del subte como alquileres, publicidad y explotación de redes de fibra óptica, que Piccardo valuó en unos poco creíbles 20 millones de pesos anuales. Por lo tanto, cualquier déficit operativo, y gran parte de las inversiones, deben cargarse al costo del pasaje. La ausencia de toda auditoría pública sobre el destino de los subsidios millonarios, que Roggio desvió durante 19 años, le resta toda seriedad a la "ingeniería" macrista que desemboca en este aumentazo.

Ante semejante fraude, los kirchneristas presentes y sus colectoras -ibarristas, Nuevo Encuentro- y la centroizquierda de Proyecto Sur, hicieron fila para rechazar el aumento y pegarle al macrismo, ocultando con esto que todos ellos estuvieron de acuerdo con la entrega del subte al gobierno del PRO. Ello le cabe en particular al interbloque legislativo K, desde el FpV hasta los yaskistas de la conducción de la AGTSyP, que votaron la ley que concedió a Macri el poder en el subte y las prerrogativas arriba consignadas.

La única corriente que denunció con claridad el pacto Macri-K, en el subte y en la ciudad, fue el Partido Obrero. En sus intervenciones, Marcelo Ramal y Gabriel Solano plantearon que los que hoy se desgarran las vestiduras ante el aumento son los que le entregaron el subte al macrismo. Primero, mediante el acta de enero de 2012, que le daba el control y la potestad de aumentar la tarifa a voluntad; luego, al votar la ley de traspaso, que habilitó el tarifazo y los aumentos de impuestos, peajes y patentes. Ello, como parte de un pacto político, que incluyó el paquete de leyes de privatización de tierras fiscales porteñas para negociados inmobiliarios. Ramal ridiculizó la posición de todo el arco antimacrista, que afirmaba que el PRO impulsa "un servicio para pocos", como si estos capitalistas rabiosos pudieran apostar a una empresa que no venda su servicio. Un dislate que oculta -denunció Ramal- que estos aumentos son la avanzada de otros. Ramal recordó que, el mismo día en que se votaba el traspaso del subte, Randazzo anunciaba los primeros aumentos en el transporte automotor.

Solano subrayó que entre las concesiones que la oposición K le hizo a Macri figura el enganche del precio del pasaje con los aumentos salariales (art. 31 de la ley), estableciendo un chantaje a los trabajadores, cuyos reclamos están condenados a un choque directo con los pasajeros. Hizo notar que el kirchnerismo y el macrismo están asociados a la burocracia de la UTA y decididos a evitar la plena legalidad para la AGTSyP, por medio del veto a su personería gremial. La nota de color la dio la legisladora Elena Naddeo (ibarrista), que quiso recoger el guante que arrojó Solano (quien había denunciado a Ibarra por haber vetado la ley de jornada laboral de 6 horas y por haber votado ahora la ley de traspaso). Naddeo dijo que la votaron porque "la mayoría de los metrodelegados la aprobó". O sea que después de haberse conchabado a Pianelli para su pacto con el macrismo, los K le pasan la factura del traspaso…

Por medio de sus voceros y a través de una declaración política, el Partido Obrero planteó un programa contra el tarifazo y en defensa de los trabajadores del subte.