En un comunicado, el bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista de Salta denuncia a la audiencia pública del gas convocada por el gobierno nacional como una farsa, y al mismo tiempo denuncia la proscripción de oradores.  

 

No hay dudas que la audiencia fue una pura formalidad para imponer el brutal tarifazo dolarizado del gas, el cual -cabe aclarar- fue avalado por el gobernador Juan Manuel Urtubey.

 

Pero esta audiencia no se diferencia en nada de las audiencias truchas que convocó Urtubey, por ejemplo, para habilitar aumentos del transporte, donde incluso hubo represión a los estudiantes en más de una oportunidad. 

 

Que el PJ no se olvide de la audiencia del 14 de octubre de 2008 para habilitar un aumento de la tarifa de agua y que fue dirigida por el entonces presidente del ente regulador Federico Posadas, hermano del diputado “proscripto” de la audiencia de gas. En esa oportunidad se ocultó a la población un acta acuerdo del gobierno con Aguas de Salta de renegociación del contrato que otorgaba una enorme cantidad de subsidios a dicha empresa y que se publicó el mismo día de la audiencia en el boletín oficial.  

 

El mismo bloque que denuncia, ahora, este tarifazo, es el que se opone a que se investigue el contrato leonino de la provincia con la empresa Austin, tal como propone el bloque de diputados del Partido Obrero. Este contrato, que garantiza a la empresa el acceso al gas a un valor de 2,5 dólares el MMBTU por 10 años, se agravará con el tarifazo, ya que con el aumento del gas en boca de pozo, la diferencia a pagar por la provincia será mayor. 

 

Los diputados pejotistas no se han privado del cinismo de denunciar que el tarifazo del gas no tiene proporciones en relación a los aumentos salariales. Deberían reclamar entonces que el tarifazo sea del 6%, equivalente al miserable aumento otorgado por Urtubey a los docentes. 

 

Por último, el PJ reivindica los criterios de sus diputados Kosiner y David expresados en los proyectos presentados por estos. Uno de los proyectos plantea la equiparación de las tarifas de todo el país con relación a la ciudad de Buenos Aires, pero plantea la igualación en el marco del tarifazo. 

 

Peor aún es el proyecto del que ambos solicitaron ser cofirmantes, que plantea aplicar de manera gradual hasta el 1 de julio de 2017 los cuadros tarifarios vigentes el 1 de julio de 2016, es decir la aplicación progresiva del tarifazo que provocó una enorme movilización popular y hasta la anulación por parte de la Corte Suprema. No se animaron a defender estos criterios en la audiencia pública. 

 

Desde el Partido Obrero, al contrario, dimos una tenaz lucha política para que nuestros tres diputados nacionales, así como representantes de las distintas bancadas provinciales y dirigentes sindicales, fueran oradores en la audiencia, y lo conquistamos. Allí rechazamos este tarifazo a libro cerrado, denunciando que quien lo aplica, Aranguren, es un hombre de las empresas petroleras. Reclamamos la apertura de las cuentas de las empresas para saber los reales costos de la extracción del gas y para conocer ganancias y destino de los multimillonarios subsidios recibidos por las empresas. 

 

Denunciamos la política del gobierno anterior, que con el plan gas plus, estableció el precio de gas en boca de pozo en 7 dólares y además indemnizó a la vaciadora Repsol, con el voto y apoyo incondicional de los diputados reivindicados por el bloque del PJ. Defendimos nuestro planteo de la nacionalización integral de los hidrocarburos bajo control de los trabajadores. Sostuvimos en la audiencia una posición que hicimos sentir también en las calles junto a miles de trabajadores en los cacerolazos y tambien con proyectos en el Congreso.

 

Fui el único legislador nacional por Salta que participó de la audiencia, en la que además de lo señalado anteriormente, denuncié la situación de una provincia que -siendo productora de gas- paga tarifas más caras. Denuncié que le quitaran la tarifa diferencial a los habitantes de nuestra Puna y denuncié al gobernador, Urtubey que prorrogó los contratos a las empresas vaciadoras de nuestro gas y petróleo. 

 

Este tarifazo se inscribe en una política de ajuste, cuya base fundamental fue el acuerdo con los fondos buitres, que fue votado por todos los legisladores nacionales de Salta a excepción de quien esto escribe.

 

El PJ es parte de la unión nacional por el ajuste, el cual sólo será derrotado con un paro y un plan de lucha nacional, en el camino de construir una alternativa poítica de la izquierda y los trabajadores, por lo cual seguiremos trabajando.