El acuerdo con los sindicatos rompehuelgas – que se extendió desde ATE docente, Sadop y Amet hasta la ADP-  y las amenazas contra la asamblea docente no le alcanzaron al gobernador Urtubey para frenar el paro autoconvocado, que alcanzó más del 70 por ciento a nivel provincial.

El jueves, con el marco de esta gran huelga, el gobierno selló un acuerdo con las burocracias por un adelanto de 110 pesos por cargo en concepto de incentivo docente y 20 pesos de blanqueo al básico. Tampoco esto fue suficiente para frenar la masiva marcha del viernes y la asamblea que reunió a unos 500 compañeros.

Antes de la asamblea, ante la evidencia de que se ratificaría la continuidad de la huelga, el gobierno convocó a los delegados.

Al arreglo realizado con la burocracia, el gobierno le agregó un adicional en negro de 40 pesos para los de menos de diez años de antigüedad y de 80 pesos a los de más de diez años a pagar… el 1 de noviembre. El adicional sólo alcanza a los maestros de grado pero no a los cargos del polimodal (que cobran igual o menos que el maestro).

Víctor Gamboa, vocero de la asamblea, Estela Ortega, su presidenta, y algunos delegados defendieron el acuerdo como un “triunfo político” y avalaron la mentira oficial de que esto sería el inicio de un “saneamiento integral de la grilla salarial” que llevaría a una recomposición salarial antes de fin de año.

Vuelven de este modo a la conducta adoptada en la huelga de 2007, en la que aceptaron una mediación judicial que forzó el levantamiento de los piquetes, desmovilizó a la docencia y terminó imponiendo un aumento miserable.

Otros, en cambio, lo denunciaron enérgicamente y propusieron seguir la lucha. Lo mismo hicimos los compañeros de Tribuna Docente en numerosas intervenciones.

Los defensores del acuerdo saben muy bien que a lo largo de doce reuniones, en tres meses de mesa de “diálogo”, el gobierno no ofreció ninguna mejora ni avanzó un paso en el saneamiento, el tope horario y el adicional especial del 40 por ciento que la asamblea reclama para el cargo testigo y todos los cargos que están por debajo de aquel.

Ni hablar de los 1.800 pesos de básico.

El embellecimiento de la propuesta oficial contribuyó a que, por una ajustada mayoría de 230 votos contra 185, la asamblea suspendiera las medidas de fuerza.
El acuerdo es ruinoso. Consagra la caída del poder adquisitivo del salario frente a una inflación que el propio gobierno impulsa mediante el aumento de tarifas e impuestos.

Lejos de haberse avanzado en el saneamiento de la grilla, lo que tenemos es una proporción mayor de montos en negro y un achatamiento de la escala salarial.

Tribuna Docente inició una campaña para revertir esa situación. Reclamamos una nueva asamblea para replantear la lucha ante la evidencia de que tenemos la representatividad, la necesidad y tenemos la fuerza para enfrentar a este gobierno e imponer nuestros reclamos.

Llamamos a sacar todas las conclusiones de la conducta de los principales dirigentes de esta asamblea. La actual dirección no está a la altura de las circunstancias.

Necesitamos una dirección independiente del gobierno y que esté a la altura de la combativa docencia salteña.