Mauricio Macri y Patricia Bullrich recibieron en Casa de Gobierno a Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda a un ladrón, en el barrio de La Boca, el pasado 8 de diciembre.



Chocobar reviste en la policía comunal de Avellaneda y el juez que atiende la causa lo procesó por homicidio, desestimando que se hubiera tratado de un acto de legítima defensa. Sin embargo, Macri se declaró “orgulloso” por su actuación. “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación”, le dijo, haciendo caso omiso de la republicana división de poderes. También Cristian Ritondo y Horacio Rodríguez Larreta lo felicitaron públicamente y hasta hizo lo propio el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.



Se trata de un declarado aval al ‘gatillo fácil’ policial, que suma 5.462 muertes desde 1983 -725 casos bajo la gestión de Cambiemos-, según el último informe elaborado por Correpi.



“Desde el principio de nuestra gestión lo hemos dicho, vamos a cuidar a los que nos cuidan”, dijo Bullrich a la salida del encuentro en la Rosada, repitiendo las mismas palabras que utilizó para respaldar la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, que dejó como saldo la muerte de Santiago Maldonado. El gobierno también se cargó al hombro el encubrimiento de la Prefectura por otro crimen por la espalda, el de Rafael Nahuel, en la zona de Lago Mascardi, y los atropellos cometidos por gendarmes y Policía de la Ciudad en la represión de las jornadas del 14 y 18 de diciembre, complementados por la persecución judicial de los jueces Bonadío y Torres contra los luchadores.



El respaldo brindado por Macri a Chocobar es la ratificación de una política de Estado, dirigida a apuntalar la declaración de guerra contra los trabajadores, pactada con el PJ y los gobernadores. Ese es el hilo que vincula la reivindicación de los genocidas y el rearme de las Fuerzas Armadas con las andanzas de las fuerzas federales en la Patagonia y el ‘gesto’ presidencial hacia Chocobar.



Rechazamos el aval oficial al ‘gatillo fácil’ y toda la política represiva del gobierno.