La toma de tierras iniciada por decenas de familias en el barrio Spurr puso nuevamente de relieve el drama social que significa el acceso a la vivienda en Bahía Blanca.

Desde la municipalidad, el intendente Gay sacó a relucir el ‘manual del gobernante sin respuestas’, para afirmar que esta toma tiene contenido político. Se trata de 400 personas que decidieron tomar en sus propias manos la búsqueda de una solución a su problema habitacional, ante el abandono de un régimen social que solo prioriza los negocios inmobiliarios y deja a la deriva a la gran mayoría de los trabajadores.

La única respuesta del Estado fue el amedrentamiento policial y de Gendarmería, buscando quebrar la presencia de las familias en la toma. La policía fue a las tierras afirmando no tener orden de desalojo, pero con la intención de "censar" a quienes están llevando adelante estas medidas. Debieron retirarse con las manos vacías frente a la negativa de las propias familias. Ante el drama habitacional, la prioridad del gobierno no es ofrecer soluciones, sino evitar que esta toma se convierta en un ejemplo, ya que el distrito desborda de tierras ociosas.

Mientras la desocupación ronda el 10% de la población activa bahiense, el déficit habitacional se estima en más de 10 mil familias. Año tras año, este número se incrementa de la mano de la desvalorización de los salarios, la destrucción del empleo, cierres de fábricas y una política habitacional totalmente insuficiente sostenida por los sucesivos gobiernos, cuya nota característica es el aliento al negocio inmobiliario y la apropiación de tierras por un puñado de especuladores.

El acceso a la tierra y una vivienda propia sigue siendo una misión imposible para gran parte de las familias trabajadoras. Quienes aún tienen el "privilegio" de conservar un empleo en blanco se han visto estafados por los créditos UVA, enarbolados como bandera por el gobierno de Cambiemos, que han mostrado rápidamente sus limitaciones al convertirse en aspiradoras que se llevan cada vez mayores porciones de los salarios de los trabajadores endeudados. Vale recordar también los casos de aquellos beneficiarios del viejo programa Procrear, que desde el año 2013 siguen esperando una solución por parte del estado ante el impacto sufrido por la especulación inmobiliaria sobre los precios de las tierras.

En la medida en que la política habitacional siga supeditada a la especulación inmobiliaria, el derecho a la vivienda continuará siendo irrealizable para la mayoría del pueblo trabajador. En una economía estrangulada por la deuda externa, el ajuste impuesto por el FMI y la destrucción de los salarios para incrementar la tasa de ganancia de las empresas, el déficit habitacional no hará más que crecer. Se impone una salida política de ruptura con el FMI y de nacionalización de la banca, para que el ahorro nacional sea volcado a un vasto plan de viviendas bajo control obrero, que reactive la economía, reduzca drásticamente la desocupación y ofrezca una solución al problema habitacional.

Rechazamos cualquier intento de desalojo de la toma y exigimos que se retire la policía. Las tierras del Ferrocarril deben ser integradas a un plan de viviendas para las familias de la toma y todos los que necesiten techo propio, a pagar en cuotas que no superen el 10% del ingreso familiar y con la urbanización correspondiente.