El 30 de septiembre se difundieron estadísticas sobre la población en condiciones de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2021. En el marco de esta crisis, en dos años y medio la pobreza en Bahía Blanca-Cerri pegó un salto dramático al pasar de 14% de la población en 2017 a 33% en el primer semestre de 2020, ya en plena pandemia.

El Indec define como pobres a los hogares (y a las personas que viven en ellos) cuyo ingreso total es inferior al costo de una canasta básica de consumo y como indigentes a aquellos pobres cuyos ingresos son más bajos que el costo de una canasta exclusivamente alimentaria.

Recordemos que la pobreza e indigencia venían en sistemático aumento en Bahía Blanca y el resto del país desde el comienzo de la crisis económica del macrismo, a principios de 2018. En efecto, luego de las elecciones legislativas de 2017 se dispararon la fuga de capitales y la devaluación del peso, aumentó la inflación (que empezó a superar sistemáticamente el 2% mensual) y se inició un nuevo derrumbe del salario y las jubilaciones.

Estos procesos se daban en el marco de un deterioro de la situación económica mundial, la agudización de la guerra comercial entre EE.UU. y China y el continuado aumento de la tasa de interés norteamericana cuyo efecto era el de tornar menos atractiva y más riesgosa la colocación de inversiones financieras en las economías atrasadas de América Latina y otras regiones de la periferia capitalista. El préstamo del FMI al gobierno de Macri en 2018 permitió al Estado seguir pagando vencimientos de la deuda externa y a los capitalistas seguir fugando divisas pese a la interrupción de los préstamos privados del exterior.

Los nuevos datos publicados la semana pasada muestran que, pese al abandono casi completo de las restricciones implementadas con motivo de la pandemia, el porcentaje de población pobre en el primer semestre de 2021 casi no se ha modificado. Dicho en otros términos, superadas ya virtualmente las restricciones sanitarias y a dos años del cambio de gobierno en 2019, no ha comenzado siquiera la reversión de la catástrofe social producida por la crisis del macrismo. Con casi 32% de la población bahiense el porcentaje de pobreza en la primera mitad de este año fue casi la misma que un año atrás, en plena pandemia y tras casi tres años de declinación económica ininterrumpida.

La evolución de la indigencia a nivel local es aún peor. Al igual que la pobreza, la indigencia se disparó durante la fase de crisis del macrismo, al saltar de 3% de la población a 7% entre 2017 y 2020. Y los nuevos datos muestran que el aumento ha continuado en el último año al pasar del 7% de la población al 7,7%.

Las estadísticas del Indec permiten cuantificar el alcance de la crisis social en Bahía Blanca. En el primer semestre de 2021 había casi 29.000 hogares pobres (sobre un total de 123.000 hogares) en los que residía poco más de 100.000 personas (sobre una población total de 316.000). A su vez, casi 6.500 de dichos hogares (en los que vivían 25.000 personas) se encontraba en condición de indigencia.

Es preciso insistir que el aumento de la pobreza no es simplemente un resultado de la inflación, como sostienen las autoridades y los economistas en general. Es producto esencialmente de los mecanismos de actualización de salarios y haberes jubilatorios que garantizan un retraso y pérdida sistemáticos respecto de los incrementos de precios. La degradación de los ingresos populares no es sólo un “problema económico”; es resultado de la burocratización de las direcciones sindicales, de las políticas de ajuste del Estado (devaluaciones, tarifazos) y del ajuste aplicado por las patronales. Por otro lado, es un reflejo también de la crisis capitalista, de la anemia de inversiones privadas generadoras de puestos de trabajo y de un Estado abocado prioritariamente a atender los pagos de la deuda pública.

Como resultado, la lucha contra la pobreza es una lucha política que apunta a la recuperación de los sindicatos por los trabajadores y que se propone imponer a las empresas y al Estado un nivel de ingresos populares igual a la canasta familiar y un mecanismo de actualización inmediata ante toda remarcación de precios. Derrotar la reforma laboral que impulsan, con sus matices, tanto el gobierno como la oposición, en nombre del conjunto de la clase capitalista, aparece como un episodio fundamental de esa lucha.

Asimismo, y como otra de las dimensiones del problema de la pobreza que no son abordadas en el informe del Indec que aquí comentamos, aparece la dificultad en el acceso a la vivienda y a los servicios públicos. La tierra, utilizada como reserva de valor, fue acaparada históricamente en nuestra ciudad por inversores inmobiliarios y personajes del poder político y económico local. Como resultado, miles de familias ven completamente imposible de realizar el “sueño de la casa propia”. El derecho de contar con un techo para el desarrollo de un proyecto de vida queda totalmente obturado por el despliegue anárquico de los intereses capitalistas que invierten en el mercado inmobiliario, como así también por la crónica y creciente desocupación y los salarios de pobreza, todo esto propiciado y convalidado por los sucesivos gobiernos locales, provinciales y nacionales.

En este sentido, un plan de obras públicas que contemple la construcción de viviendas populares y la llegada de servicios esenciales como cloacas, asfalto y agua potable a los barrios más postergados se vuelve una tarea urgente para generar puestos de trabajo de forma inmediata y solucionar el déficit habitacional que sufren miles de bahienses y millones de argentinos en todo el país. El ahorro nacional debe ser canalizado hacia el financiamiento de este plan de obras, lo cual impone la necesidad práctica de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, así como el desconocimiento de la deuda fraudulenta con el FMI. Solo el programa del Frente de Izquierda Unidad reivindica estos puntos, planteando una salida de fondo a la catástrofe económica y social que atraviesa el país y sus millones de trabajadores.