A través de la figura del fideicomiso, la firma "D&F Fiduciaria SA", inició la construcción de doce complejos habitacionales que involucran a más de mil familias. Estos proyectos se encuentran completamente paralizados desde hace más de un año, lo que desencadenó causas penales y civiles, movilizaciones y denuncias públicas de centenares de vecinos.

La empresa respondió vaciando su oficina comercial y radicándose en Capital, para evitar enfrentarse a los damnificados. De confirmarse este desfalco, se estaría consumando uno de los ilícitos más grandes de la historia de Bahía Blanca en materia habitacional. El historial de estafas contra familias con necesidad de vivienda se ha transformado en un clásico en los últimos veinte años. Es el resultado inevitable de una política que deja a los sin techo a merced de los especuladores inmobiliarios.

El Estado, además, encubre a las constructoras y fideicomisos (la oficina de control que verifica la viabilidad de los emprendimientos privados no está operativa). Bahía Blanca es la ciudad con mayor disposición de tierra urbana ociosa del sur de la provincia. Pero hay más de 13 mil familias sin techo propio.

El Plan Federal, "relanzado" en reiteradas oportunidades en coincidencia con periodos electorales, no llega a resolver el 4% del déficit. Sólo se reactivó realmente después de la ocupación (ocurrida en enero de este año) de más de 500 unidades por parte de un sector de población que se encuentra en condiciones desesperantes.

El intendente Gustavo Bevilaqcua (FpV en tránsito al massismo), se lava las manos con la excusa de que se trata de un asunto entre privados. Pero las reiteradas estafas privadas son la consecuencia de la deficiencia de los planes de vivienda públicos. La oposición en el Concejo Deliberante, que ya gobernó y ha contribuido a este estado de cosas, se escuda en la falta de un instrumento legal que les permita intervenir La política más pérfida es la de los vecinalistas de Integración Ciudadana (Woscoff) que sólo busca "ganar tiempo" con maniobras leguleyas para distraer a los damnificados y paralizar su lucha.

Es imperioso que se declare la emergencia habitacional y que los fideicomisos afectados por la estafa sean declarados de interés social, con un plan de inversión estatal que reactive todas las obras inconclusas. Para financiar las obras exigimos la ejecución de los bienes de la empresa, y la creación de un fondo para la vivienda mediante la aplicación de tasas extraordinarias sobre la especulación inmobiliaria, y el gran capital industrial del Polo Petroquímico y el consorcio del puerto.

Más que nunca, necesitamos una bancada de izquierda en el Concejo. Que sirva como un factor de clarificación y que actúe como caja de resonancia de nuestros reclamos, y ayude a construir una vigorosa organización de los trabajadores sin techo.