28/08/2020

Balza versus Duhalde: una acusación a todo el régimen político

El excomandante en jefe del ejército de Menem denunció que las dictaduras fueron gestadas por los empresarios

Las declaraciones de Duhalde (sobre quien Alberto Fernández señaló el año pasado «que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer») no solo deschavaron la preocupación de la burguesía de que la brutal descarga de la crisis que está haciendo sobre los trabajadores genere una rebelión popular.

Los dichos del responsable de la Masacre de Avellaneda volvieron a colocar en evidencia pública la acción genocida de las fuerzas armadas, obligadamente reconocida por el actual jefe del estado mayor conjunto que a modo de descargo apenas atinó a decir que «constituyen comentarios fuera de época».

Llevaron también a un desencajado Martín Balza, jefe del Estado Mayor General del Ejército entre el 4 de noviembre de 1991 y el 10 de diciembre de 1999, y exembajador en Colombia y en Costa Rica de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, a denunciar la responsabilidad principal de todo el régimen político capitalista en lo que denominó «esa obra maestra del terror que fue la última dictadura militar».

La clase capitalista gestora del golpe​ genocida

En su respuesta a Duhalde, a quien le profesó el máximo de los respetos, Balza, el general que posó de democrático reconociendo los crímenes de la dictadura videlista en 1995 para luego llamar a la reconciliación nacional con los genocidas, reconoció que fue un golpista «de aquellos» durante toda su vida: «en el siglo pasado hubo seis golpes cívico-militares, que los viví como cadete, teniente, teniente primero y teniente coronel «. Pero luego, le retrucó «que no se puede olvidar que en esos golpes militares hubo un compromiso de sectores políticos, empresariales, sindicales, mediáticos y hasta religiosos, que gestaron, apoyaron y fomentaron la inconducta militar» (Radio La Red, 27/8). El demócrata Balza volvió así a reivindicar la «obediencia debida», que inició el curso de impunidad para rescatar al aparato represivo, iniciado por el gobierno de Raúl Alfonsín, y luego completado por el indulto a Videla y cía de Menem y Duhalde.

«Ningún político de ningún signo puede tirar la primera piedra»

Balza se quejó amargamente de que los que instrumentaron, dirigieron y financiaron la dictadura genocida, jamás hicieron la más mínima autocrítica de ello, cuando «cientos de políticos ocuparon importantes cargos durante la dictadura militar en el país y en el extranjero. La Unión Cívica Radical tuvo más de 300; el Partido Justicialista, más de 200; el Movimiento de Integración y Desarrollo, 100, etc., y «todos juraron por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, no por la Constitución».

Una primera conclusión de las confesiones de este jerarca militar plantea la necesidad de llevar a todos los empresarios, burócratas, curas y políticos patronales involucrados al banquillo de los acusados.

Por una segunda derrota de los Duhalde

El responsable político del asesinato de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán dio un grito de alerta para avanzar hacia un régimen de unidad nacional contra la clase obrera, reforzar todos los canales represivos que resulten necesarios. Él más que ninguno sabe de qué habla, porque fue la lucha del movimiento piquetero, con el apoyo de la mayoría de la población, la que terminó con sus ambiciones presidenciales, que reposaban en su capacidad de ahogar en sangre el Argentinazo del 2001.

Vamos por una segunda derrota de los Duhalde a manos del pueblo, para quebrar el actual plan de guerra, que tiene como impulsora a la misma clase capitalista que puso a los milicos en el poder, ofensiva sostenida en la misma complicidad con los mismos partidos patronales, con la misma burocracia sindical, con la misma iglesia. Son los sectores con los que los Fernández buscan poner en pie el pacto social post-pandemia para avanzar con las reforma laboral y jubilatoria.

Ello exige la ruptura de las organizaciones obreras con el gobierno peronista de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, que quiere erigirle a Duhalde un monumento y apela a sus consejos para salir de la crisis, sostiene a los Berni como funcionarios destacados y plantea la restauración política del papel de las fuerzas armadas.

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