Si los bancos están en crisis, las compañías de seguro están en la lona. En los dos últimos años, las aseguradoras tuvieron pérdidas por 600 millones, equivalentes al 60% de su patrimonio neto, y “éste sería el quinto año consecutivo que el sector sufre pérdidas” (Revista América Económica, abril 1995).

Pero, además, las compañías tienen 130.000 juicios por siniestros no pagados, por 2.000 millones, “el doble del patrimonio neto del sector” (Revista Estrategas, marzo-abril 1995 ). De ese total, 90.000 juicios son contra compañías privadas, de los cuales “las dos terceras partes corresponden a riesgos reasegurados en empresas privadas a partir de 1992 y el tercio remanente a siniestros que las compañías tendrán que afrontar en soledad”.

Por eso, los dueños de las compañías fraguaron siniestros para que el INDER, el instituto estatal de reaseguros que está en liquidación, les pagara los correspondientes reaseguros. “Una investigación… demostró que de cerca de 160 expedientes analizados, sólo dos registran pagos en regla. Es decir, no hubo coima de por medio, ni el siniestro es ficticio. Los perjuicios solamente en estos 158 casos —una pequeña fracción del total— contra el Estado llegan a u$s 6 millones. Está comprobada la acción de compañías importantes, como el grupo Juncal, el holding que incluye al Banco del Lavoro y Unión de Comerciantes” (ídem). Por supuesto, nadie fue preso.

El fraude mayor, sin embargo, lo armó el propio gobierno con la liquidación del INDER. Es que las compañías dicen que el INDER les debe entre 1.500 y 2.000 millones. En 5 años no pudo determinarse esa deuda, y sin embargo el gobierno la está pagando en efectivo, con fondos que recauda de un impuesto a las nuevas pólizas. Mientras a los jubilados el gobierno les pagaba con demora los fallos judiciales con bocones a 10 años, las compañías se llevaban por siniestros no comprobados un riguroso contado.

Por eso, Menem, a instancias de las aseguradoras,  vetó un artículo de la ley de “solidaridad previsional” que destinaba la mitad del impuesto a las pólizas a las Cajas oficiales de jubilación. Fue una “decisión de respetar las obligaciones emergentes de la deuda pública y dar seguridad jurídica a la economía” (Ambito, 19/4/94), exclamaron al unísono los coimeros y estafadores contra el INDER.

El próximo fraude será contra los propios asegurados, porque “saldrá un decreto para que las compañías puedan pagar en cuotas las sentencias judiciales por daños a las personas, que representa el 75 % de la cartera total” (Estrategas, ídem).

En este cuadro de bancarrota, fraude y estafa a los asegurados, las grandes compañías de seguros internacionales han decidido instalarse en el país para dedicarse al superrentable negocio de la “jubilación privada”, que les permite recaudar, compulsivamente, 600 millones por año (el 20% del aporte del trabajador).

Metropolitan Life, Eagle Star, ITT Cenit, New York Life, Leucadia, Jackson, Principal, han venido a la Argentina “seguros” del colapso de las compañías locales y extranjeras con decenas de años en el país. Lo que las atrae no es el auge del mercado sino su inminente derrumbe, del cual esperan sacar una buena tajada.

Para los trabajadores del seguro se abre un período de grandes luchas contra los despidos y los ataques a granel de las patronales, incluido el cierre de compañías.