Políticas

12/8/2016

Bariloche: el asesinato de un policía revela la pudrición de un régimen


El hallazgo del cadáver del policía Lucas Muñoz -con un disparo en la cabeza, luego de 27 días de encontrarse desaparecido- ha desatado una crisis política en la provincia.


 


Cerca de 2 mil personas se movilizaron en el Centro Cívico exigiendo justicia y denunciando la responsabilidad de la cúpula policial en el crimen. La hipótesis que maneja la familia de Muñoz es que éste habría sido asesinado por una banda mixta de policías y civiles porque iba a denunciar a sus oficiales superiores por protección a narcos y a una red de trata que opera en la ciudad (La Nación, 12/8).


 


La separación e imputación de siete agentes policiales (entre ellos cuatro jefes), en dos causas conexas, por irregularidades en los procedimientos de búsqueda de Muñoz, revela el grado de involucramiento de la policía rionegrina en este crimen.


 


Estas irregularidades se extienden al hallazgo del cadáver, en una ruta camino a El Bolsón: “unas cien personas pisaron la escena del crimen”, informa Clarín (11/8), entre ellos policías, miembros de Gendarmería y funcionarios. El cuerpo, además, quedó a la intemperie durante toda una noche bajo una intensa lluvia. “Hicieron todo en contra del protoloco. El agua lavó toda evidencia posible”, se quejó uno de los peritos ante la adulteración del escenario.


 


La Policía barilochense está acusada por los propios vecinos de vender drogas en toda la zona del Alto. Si se confirma la hipótesis de que Muñoz se encontraba investigando el involucramiento de policías en la venta de estupefacientes, habrán quedado al descubierto, una vez más, los vínculos estrechos de la Institución policial con el negocio del narcotráfico.


 


 


Un aparato criminal


 


El crimen de Muñoz es sólo un botón de muestra del accionar de un aparato descompuesto que amedrenta a los trabajadores y la juventud (en 2010 se produjo una pueblada por tres casos de gatillo fácil). Uno de los oficiales separados, Irusta, también se encuentra sospechado de “plantar” una pista falsa en la investigación por la desaparición del trabajador golondrina de Choele Choel, Daniel Solano. Elizondo, uno de los comisarios imputados, oficia de custodio del gobernador en la ciudad de Bariloche. Aballay, otro de los comisarios trasladados con posterioridad a la desaparición de Muñoz, fue quien estuvo a cargo del caso de Micaela Bravo, la joven aparecida muerta en abril a pocos metros de donde recientemente se encontró el cuerpo de Muñoz.


 


La fuerza policial provincial se encuentra también directa o indirectamente involucrada en otros casos de desapariciones forzadas, como el de la joven Otoño Uriarte o Carlos Painevil (todos ellos impunes).


 


 


Encubrimiento


 


Con todos estos antecedentes, el sostenimiento de la policía rionegrina al frente del operativo de búsqueda del agente Muñoz -de parte del fiscal y el juez de la causa- representó un acto de encubrimiento. En la misma línea se anotan las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck en defensa de la Institución y la ratificación en sus puestos del jefe policial y del ministro de seguridad provincial.


 


Por su parte, el FpV es co-responsable de la impunidad reinante en la provincia. Quien fue parte del Ejecutivo provincial de 2011 a 2015 no puede desentenderse de sus propias responsabilidades en el profundo proceso de descomposición que involucra a todo el régimen provincial.


 


 


Programa


 


El Partido Obrero en el Frente de Izquierda planteó, ante la crisis política abierta, el esclarecimiento del crimen de Lucas Muñoz y de todos los casos impunes de la provincia, así como castigo a los responsables y cómplices.