Políticas

22/7/2010|1138

Bariloche: encubrimiento y aprietes policiales

A un mes de la pueblada

Al cumplirse un mes de la masacre, la Multisectorial de Bariloche contra el Gatillo Fácil se movilizó por el juicio y castigo a los asesinos de los tres chicos y por las renuncias del gobernador Saiz, del ministro de gobierno Diego Larreguy y del Secretario de Seguridad Víctor Cufré, responsables políticos de la represión. La jornada fue garantizada por los familiares, los partidos de izquierda y distintas organizaciones político-culturales de Bariloche. Además de los familiares de Bonefoi, Cárdenas y Carrasco –los asesinados el pasado 17 de junio–, participaron también los allegados de Raúl Carriqueo, Juan Carlos Vázquez, Pedro Figueroa, Walter Cárdenas, Jorge Pilquiman y Héctor Almonacid -todas víctimas del “gatillo fácil” en la ciudad y cuyas muertes todavía permanecen impunes.

A un mes, el gobierno provincial dejó en claro que piensa encubrir los crímenes policiales. El ministro Larreguy se presentó ante la Legislatura para defender la tesis del “homicidio accidental” en el caso de Bonefoi y “advertir” sobre la presencia de armas “tumberas” en la movilización posterior, tratando de imputar las muertes de Cárdenas y Carrasco a los propios manifestantes. Sin embargo, entre decenas de fotos y filmaciones de la represión no existe una sola en la que se vea a un manifestante armado, sólo se ven policías apuntando y tirando con armas cortas y con Itakas, que pueden disparar tanto postas de goma como de plomo. El cuerpo de Nicolás Carrasco “tenía postas de plomo 1270, que son de uso policial”, denunció la abogada de la familia (Clarín, 8/7). Otros testigos señalaron el pasaje entre monoblocks que fue utilizado por la policía “para emboscar a los que protestaban”. Las pericias pudieron constatar decenas de orificios de bala en las inmediaciones del lugar donde se produjo la represión. El ministro Larreguy mintió para eximir a la policía y al gobierno de sus responsabilidades políticas y penales.

Intimidaciones, amenazas, persecuciones

Apenas ocurrida la represión, el juez que asumió la investigación del crimen de Bonefoi fue apartado tras definirlo como un “homicidio alevoso”. La causa, que permanece bajo “secreto de sumario”, pasó a manos de otro juez, Gaimaro Pozzi, un exponente de la mafia judicial de la provincia. Este juez autorizó, hace pocas semanas, el allanamiento del domicilio del militante de la Multisectorial Marcos Huenchullan, quien fue detenido por personal policial sin identificación, varios de ellos con el rostro cubierto, y trasladado e interrogado sobre su actividad política.

La mayor parte de quienes se presentaron como testigos fueron “visitados” por la policía, especialmente los pibes detenidos durante el 17, quienes fueron víctimas de torturas en los calabozos. Uno de ellos, Mario Cayún, sufrió la rotura de su codo debido a las golpizas de la policía. La abogada defensora de derechos humanos Marina Schiffrin padeció persecuciones y amenazas por su compromiso con las movilizaciones. La noche anterior a cumplirse el primer mes, la policía golpeó a tres chicos a la salida de una disco, entre ellos al cuñado de Cárdenas, una de las víctimas. La ciudad ha sido convertida en una gran “zona liberada” para el accionar de la policía.

Castigo a los culpables

Las autoridades provinciales ataron su suerte al encubrimiento de los asesinos y al sostenimiento de la cúpula policial. El gobierno nacional, luego de haber recibido a los familiares de las víctimas, no produjo una sola acción política o judicial orientada a condenar a los responsables materiales y políticos. Por el contrario, hizo cuanto estuvo a su alcance para sostener a su aliado, el gobernador Miguel Saiz.

Es necesario profundizar la movilización independiente de los partidos responsables del aparato represivo para conquistar el castigo a todos los culpables.

Fuera Saiz, Larreguy y Cufré. Cese de las persecuciones y amenazas. Juicio y castigo a los responsables de los crímenes de Bonefoi, Carrasco y Cárdenas, así como a los responsables de las torturas sufridas por los detenidos. Pongamos en pie comisiones de lucha contra el “gatillo fácil” y el abuso policial en los barrios, colegios y facultades.