El ministro de Gobierno de Río Negro, Diego Larreguy, se presentó a la “interpelación” en la Legislatura provincial solicitada por los diputados opositores, quienes pactaron con el oficialismo la presentación anticipada de las preguntas para evitar poner en apuros al ministro. Larreguy expuso, entonces, sin contratiempos la “versión oficial”.

Larreguy sostuvo que el disparo que mató a Diego Bonefoi “no fue un caso de gatillo fácil”, sino “un hecho aislado”, un accidente provocado por el funcionamiento defectuoso del arma del cabo Colombil. Sobre los crímenes de Carrasco y Cárdenas, negó que hayan sido víctimas de la represión policial y desplazó el eje hacia la supuesta presencia de “tumberas” entre quienes salieron a repudiar el “gatillo fácil” de la madrugada del 17 de junio, adjudicando sus muertes a los propios manifestantes. Sobre las imágenes que muestran a personal de la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (Bora) apuntando con armas cortas, declaró que se trata de una “técnica defensiva habitual”, aunque eso contradijera sus propios dichos sobre la prohibición expresa de utilizar armamento letal durante la represión.

Las declaraciones del ministro apuntaron a mantener la impunidad sobre estos asesinatos, no sólo la de los autores materiales, sino fundamentalmente sobre los responsables políticos: el gobernador Saiz, el secretario de Seguridad Víctor Cufré y él mismo.

Mientras tanto, la represión y las persecuciones contra la juventud y las organizaciones de la Multisectorial de Bariloche continúan sistemáticamente, con allanamientos sorpresivos y llamados intimidatorios a los activistas, realizados desde las mismas comisarías. Durante el fin de semana pasado, fue allanado el domicilio de Marcos Huencullán, militante del MST, “detenido” sin orden judicial durante varias horas, en las que fue interrogado sobre su actividad en la Multisectorial. Del operativo participaron 13 personas de civil, con los rostros cubiertos, quienes se desplazaron en automóviles sin identificación. Se trató de un verdadero secuestro, que habría contado con la autorización del juez Gaimaro Pozzi, ahora a cargo de la causa por el homicidio de Bonefoi. La Multisectorial denuncia que la mayoría de los testigos y de los detenidos del 17 y 18 de junio son objeto de amenazas sistemáticas.

• Por el juicio y castigo a todos los responsables de los asesinatos de Bonefoi, Cárdenas y Carrasco.

• Por el cese de las intimidaciones a los miembros de la multisectorial de Bariloche.

• Por una comisión investigadora independiente de familiares, trabajadores y organizaciones de derechos humanos y políticas.

Saiz, Larreguy, Cufré: los responsables políticos la tienen que pagar.