Que se pretenda “que no haya ningún hogar en la pobreza”, abogando por un seguro de 380 pesos circunscripto a los “jefes de familia” desocupados (setecientos mil entre cuatro millones), revela de por sí un concepto limitado del bienestar social o de la “dignidad humana”. El costo de una canasta familiar, que debe entenderse como el umbral de la pobreza, es de 1.200 pesos, o sea tres veces superior. Un seguro de 380 pesos no tiene nivel de salario sino de asistencia social, y si se otorga a cambio de una prestación laboral, constituye una inmunda superexplotación.

Que, en segundo lugar, se le dé un carácter de “empleo y formación”, transforma a ese seguro en un nuevo piso salarial para los ocupados sin límite de horas de trabajo, sin siquiera eliminar la competencia entre ocupados y desocupados, porque aún quedan sin seguro y sin salario varios millones de trabajadores que no integran el rubro de “jefes de familia”.

Que, además, se conciba la conquista de este reclamo (que no llega a ser una reivindicación) mediante el recurso a las urnas en una consulta popular (por otra parte, no reconocida por el Estado), no solamente refleja una idea romántica de lo que es la resistencia del poder capitalista, sino que precisamente por esto desnuda una política que no pretende resultados sino que se autocomplace con la gesticulación y el distraccionismo.

Que, por último, cuando el Estado está rebajando los salarios impiadosamente, se proyecte una consulta para el lejano diciembre, sobre un tema que no es la lucha directa, a fondo, consecuente, contra este ajuste, indica el singular propósito de construir una victoria (si se admite que sea esto la eventual consulta) sobre los cimientos de una derrota. Proyectar marchas en función de la consulta y no de impulsar la huelga general contra el ajuste es, a todos los fines prácticos, una capitulación anunciada ante el “déficit cero”. Fue lo que ocurrió, el año pasado, con el impuestazo primero, y con la rebaja de sueldos del 12% y la reforma laboral, luego.

Pero todo esto no es nada ante la nueva vuelta de tuerca que se la ha dado al asunto de la consulta popular. Es que ahora se ha transformado en el pretexto para armar un frente político de apoyo a los candidatos del ARI, principalmente, y del Polo Social, en segundo lugar, los cuales, digamos al pasar, se han distribuido “sabiamente” los distritos de Capital y Provincia, con los del ARI privilegiando el primero y los del Polo el segundo. En efecto, el pasado 30 de agosto se presentó en sociedad el Frenapo, que rúne a la CTA, al ARI, al Polo Social y, por supuesto, al Partido Comunista. La consulta se ha convertido en la coartada de un apoyo electoral al bloque ARI-Polo Social, para los comicios que finalizarán el 14 de octubre, es decir dos meses antes del plebiscito “informal”.

Por eso, lo que distingue al Frenapo no son de ningún modo las descomunales limitaciones del planteo de la consulta; afirmarlo, constituye una injustificada concesión política. Tampoco lo caracteriza la fantasía de redistribuir ingresos en el cuadro de un capitalismo en crisis mortal y sin tomar para ello ninguna medida de redistribución, antes que de los ingresos, del capital, que es la condición para cambiar el patrón de los ingresos. No puede haber redistribución de ingresos sin expropiar los bancos, Repsol, y sin dejar de pagar la deuda externa.

Lo que realmente distingue al Frenapo es su carácter de instrumento político-electoral de un sector de candidatos a las próximas elecciones, que no han tenido empacho en definirse como capitalistas y antipiqueteros. Elisa Carrió ya dijo que quiere construir una burguesía nacional y un capitalismo no mafioso, y como buena cristiana identificó como su modelo al clericalísimo Pérez Companc. Farinello, por su parte, no le anda muy atrás, porque el segundo de su lista, Carbonetto, es el representante oficial de la UIA en el Polo Social. Que Carrió coloque en bandos diferentes a la mafia y al Vaticano revela su deficiente caracterización de uno y de otro y un imperdonable desconocimiento de sus mutuas complicidades.

La otra característica del Frenapo es su condición antipiquetera, como lo dejaron saber Carrió y Farinello, con el eufemismo de que se oponen a los “métodos” del piquete, como si además también pudieran oponerse a la reivindicación piquetera de trabajo, techo y pan. Pero la cuestión piquetera se ha transformado en algo más que en una divisoria de aguas: es exactamente la línea que separa a la clase obrera de los explotadores. No en vano el banquero Escasany exigió la represión de los piqueteros, mientras que poco habla de la investigación del lavado de dinero por parte de los bancos.

Un frente antipiquetero contra la pobreza, ¡esto sí que es una contradicción violenta! Pero la oposición acaba resolviéndose en una política distraccionista, que habla de la pobreza mientras se esfuerza por desplazar a los piqueteros del escenario político que han conquistado.

Un lugar destacadísimo ocupan en el Frenapo, Maffei y Yasky, que acaban de pactar con Ruckauf la liquidación de la mayor lucha contra el ajuste *la huelga indefinida del Suteba. Este solo hecho retrata la función del Frenapo ante la ofensiva del FMI y del Tesoro yanqui. Que Ruckauf integre el elenco estable de la “matriz del Estado mafioso” (como dice Carrió) no fue obstáculo, sin embargo, para que Ctera pactara con él sobre las esperanzas y la lucha de los maestros bonaerenses. Después de todo, el mismísimo Grondona declaró que prefería que los docentes cortasen rutas en lugar de seguir con la huelga indefinida.

La CTA ha tenido toda la responsabilidad por lo ocurrido. Entre un Frente con la Asamblea Piquetera y una asociación con las viudas de la Alianza, ha preferido a las viudas. Este es el significado de fondo del Frenapo. La CTA se ha quedado con la consigna de Moyano y Daer (“castiguemos al modelo en las urnas”), que es la fórmula para el recambio después del 14 de octubre (aunque el copyright es de Marta Maffei, que justificó con ese slogan el apoyo a De la Rúa para las últimas presidenciales).