Con el nombramiento de un interventor civil (por 90 días), el descabezamiento de la cúpula y el despido de 200 comisarios, Duhalde ha encarado un desmantelamiento parcial del aparato represivo en la principal fuerza de represión con que cuenta el Estado.

Para el autor de la ‘nocturnidad’, de la persecución a la juventud y hasta del apañamiento de los asesinos protegidos del ‘gatillo fácil’, es una derrota. Ha tenido que dar un paso atrás.

La reforma no está dictada por la audacia, sino por la desesperación. No solamente Duhalde, sino el conjunto del aparato del Estado, se juegan su futuro en una única jugada. Un fracaso, para Duhalde, llevaría a la intervención federal de la provincia.

Que Duhalde haya tenido que llegar a este extremo, da una idea de la aguda descomposición del régimen y de la fragilidad del hasta no hace mucho ‘candidato natural’ del partido gobernante.

Duhalde tuvo que apelar a lo que en ajedrez se denomina ‘única’, presionado por el imperialismo, que lo está asesorando, y por la movilización popular, que fue arrinconando a la ‘bonaerense’ ante cada hecho que la tuvo como protagonista.

Las medidas

La reforma apunta a la descentralización de la ‘bonaerense’ en 18 jefaturas autónomas, que coinciden con los departamentos judiciales de la provincia. La improvisación de este ‘paquete’ se nota en que no está clara cuál va a ser la centralización de esas jefaturas una vez concluida la intervención. Duhalde quedaría convertido en el único gobernador sin una fuerza represiva provincial centralizada.

Pero Duhalde no sólo debe enfrentar cuestiones ‘técnicas’. El anuncio de las medidas motivó la renuncia de Brown, quien pretendía un consenso con los jefes policiales. Otro que lanzó ‘sugerencias’ es Antonio Cafiero, al advertir de la necesidad de que no se extienda en el tiempo la jefatura civil.

Con todo, la principal oposición proviene de la propia cúpula policial, que amenaza con sublevarse o propiciar una huelga de brazos caídos.

Los aliados

Para esta ofensiva, Duhalde no cuenta más que con gestos y palabras de aliento de la Alianza, que ‘apoya’ mientras se reserva el cobro eventual de la factura.

La falta de respaldo político de Duhalde lo ha llevado a un acuerdo con Cavallo, sugerido en su momento por Alemann, a quien le entregó el BCP y parte del Banco Provincia (nombramiento de Carlos Sánchez). El respaldo de Cavallo es, sin embargo, impredecible, dados sus intereses y su juego propios.

Duhalde, por último, ‘compró’ la reforma que le sugirieron desde el imperialismo, ¡Clinton lo ‘invitó’ a hacer una gira en febrero¡ El respaldo de los yanquis también puede computarse como relativo, si se toma en cuenta la vastedad del operativo de ‘blanqueo’ de Yabrán-Exxel-Macri.

El presupuesto

La reforma reposa en un incremento del presupuesto policial. Si se cumple, será el hundimiento definitivo de los planes‘Trabajar’, del presupuesto educativo y un reforzamiento del ataque contra los trabajadores estatales de la provincia, agravando las condiciones sociales. Si no lo hace, la pretendida reforma se convertirá en papel mojado. Los fondos tienen la función de ‘envaselinar’ la medida y ganar adeptos en la estructura de la policía. Con el antecedente de las bandas mixtas de jueces y policías para truchar sumarios, Duhalde va ‘a ciegas’ en una nueva estructura que dependerá de los aparatos judiciales.

Punto Final 2

Los aprestos civilistas que imponen estas medidas de Duhalde parecieran desmentir el titular de nuestra nota del número anterior, de que “se busca una salida policial a la crisis policial”. Pero las medidas apuntan a un reforzamiento de la presencia policial. Al liberarla de las tareas de instrucción de sumarios y administrativas, se pretende volcar el grueso de los 48.000 miembros de la ‘bonaerense’ al patrullaje. Si se suma la policía de tránsito y los judiciales, el resultado es un incremento fenomenal de la fuerza de la represión. Duhalde, además, pretende privatizar la custodia de los edificios públicos, o sea, reforzar la policía paralela.

La clave de la reforma es el acuerdo de Duhalde con los 200 comisarios despedidos. No sólo se retiran con suculentas remuneraciones, que equiparan lo que ganarían estando en actividad, en lo que se parece más a un premio que a un castigo, sino que son beneficiados por una reedición del ‘Punto Final’. Los que deberían ir presos, se van por la‘puerta grande’ de la impunidad.

El pacto de silencio con los comisarios es sustancial para el propio Duhalde. El poder de los comisarios, que mantienen sus contactos con los grupos de delincuentes, explica los planteos de ‘moderación’ de un político‘progresista’ como Raúl Zaffaroni, legislador de la Alianza. Zaffaroni advirtió que “se yerra en el camino” al no”consensuar” con el poder policial.

Salidas

Con todo, el aparato represivo ha recibido un golpe, más allá de los límites de la medida de Duhalde, porque se lo ubica objetivamente en el ‘banquillo de los acusados’. Más cuando se llega a esta situación como producto de la movilización popular. Pero el reforzamiento del aparato represivo es esencial para la dominación de los explotadores. No hay que olvidar que los que ‘juzgaron’ a las juntas militares, luego las ‘perdonaron’, conchabaron sus ‘servicios’y armaron pactos políticos con ellos.

El retroceso parcial plantea un avance represivo futuro. Se debe aprovechar el retroceso parcial para imponer el desmantelamiento integral. La complicidad patronal con la ‘bonaerense’ dará por resultado un agravamiento de la coerción policial sobre las masas.

La extraordinaria crisis del régimen, la descomposición del peronismo y la impotencia de la ‘oposición’, plantean la intervención de los explotados para desmantelar el aparato represivo, su desarme y el armamento general de los trabajadores. Es necesaria la cárcel y el castigo a los culpables de asesinatos, y el juicio político y la destitución de los responsables, comenzando por el propio Duhalde.