Aduciendo “enfrentamientos”, la Policía bonaerense fusiló a 60 menores que antes habían denunciado haber sido torturados en las comisarías. La denuncia formulada por la Corte Suprema bonaerense horrorizó a la población y desató una crisis política mayúscula en la provincia, no sólo por la barbarie represiva que estaba poniendo al descubierto sino por la evidencia de que estos fusilamientos y el funcionamiento de verdaderos “escuadrones de la muerte” era una política de Estado conciente, sistemática, apañada y respaldada por el poder político. En Buenos Aires de Ruckauf, como en la época de Videla y Camps, la tortura, el secuestro y el asesinato no son “excesos”; son la norma. Desde los policías que primero torturaron y luego apretaron el gatillo, pasando por los comisarios, los jueces, el ministro de Seguridad y el gobernador, todos deben ir a la cárcel como responsables de las torturas, los secuestros y los asesinatos.

La tortura y el asesinato de menores por la Bonaerense es un tema antiguo; las decenas de casos de “gatillo fácil” que han sufrido los jóvenes de las barriadas obreras de toda la provincia en los últimos veinte años nunca han sido esclarecidas y sus responsables nunca han ido a parar a la cárcel. Pero con Ruckauf y la política de “mano dura”, el número de menores torturados en las comisarías y el de asesinados en supuestos “enfrentamientos” aumentó en forma exponencial: en los primeros nueve meses de Ruckauf, las denuncias de torturas a menores se duplicaron, hasta alcanzar los 800 casos. En el segundo año, siguieron creciendo: 1.000 menores denunciaron haber sido torturados en las comisarías entre setiembre de 2000 y octubre de 2001. En agosto de este año, el promedio mensual saltó de 40 a 66 denuncias mensuales (Clarín, 26/10). Un régimen de masacre de la juventud.

Con la “mano dura” aumentaron el número de detenciones (y, proporcionalmente, aumentó todavía más el número de menores detenidos), las denuncias de torturas, los asesinatos en presuntos “enfrentamientos”, el número de presos condenados y la dureza de las condenas… pero no disminuyó el número de delitos. Esto por la sencilla razón de que la “mano dura” significa darle libertad de acción e impunidad asegurada a la principal banda delictiva de la provincia “la propia Policía”, que está metida en todas las actividades criminales, desde la droga y la prostitución hasta los robos de autos, viviendas y bancos y los secuestros.

No se trata de “elementos aislados” sino de una verdadera red delictiva, como lo revelaron en su momento el crimen de Cabezas, el entrelazamiento de la Bonaerense con los ladrones de autos (caso Amia) o el hecho, recientemente puesto a la luz, de que el famoso “loco de la ruta” que asesinaba prostitutas en Mar del Plata era, en realidad, una banda de narcotraficantes y tratantes de blancas integrada por policías, jueces y fiscales.

Crisis política

La denuncia de la Corte precipitó una crisis política en la provincia. Aunque Ruckauf sostenía que al frente de la Bonaerense debía haber un comisario, el ministro de Seguridad, el comisario Ramón Verón *de quien “se decía que era el policía con mayor cantidad de abatidos en la historia de la Bonaerense” (Página/12, 27/10)* fue reemplazado por el intendente de Hurlingham, Juan José Alvarez.

Según Página/12 (27/10), el reemplazo del comisario por un “civil” obedece a la necesidad de Ruckauf de asegurar la maltrecha “gobernabilidad” de la provincia y, por sobre todo, al hecho de que “sabe que ahora la mano dura no cosecha votos”, algo que certifican el retroceso del PJ en la provincia, el fracaso de Patti en las recientes elecciones y el propio derrumbe de Ruckauf en todas las encuestas.

Es que las tendencias fascistizantes que pretendía imponer Ruckauf se han derrumbado frente a la envergadura de la crisis, la cesación de pagos de la provincia, la emisión de moneda trucha, el derrumbe productivo, la miseria y el desempleo generalizados y crecientes. La política de “meterle bala a los delincuentes” ha revelado su completa impotencia frente a la catástrofe provincial. La crisis policial, en consecuencia, es una expresión concentrada del derrumbe de un régimen político y social del cual la policía es una de las instituciones centrales.

Pero la misma crisis de su régimen social empuja a la burguesía a reforzar a sus aparatos represivos contra las masas. Ni los asesinatos ni las torturas terminarán con el nuevo ministro, que sólo viene a lavarle la cara a los “escuadrones de la muerte”. Detrás de Alvarez, sigue en funciones el jefe de la policía que puso Verón.

Como a Duhalde, la crisis policial arrasará a Ruckauf, que está condenado a pasar por nuevos episodios del hundimiento de la política de “mano dura”. Es decir, de su propio hundimiento.