Luego de más de dos meses, en que los trabajadores vienen ocupando la planta que fuera abandonada por sus dueños, éstos reaparecieron, exigiendo que se les devuelva su control. La propuesta patronal contempla un plazo de dos meses para reorganizar la fábrica y ponerla nuevamente en funcionamiento. Esta propuesta fue considerada inaceptable por los trabajadores de la empresa, a quienes se los insta a abandonar la planta a cambio de nada, puesto que los dueños no se comprometen a pagar los salarios adeudados ni a asegurar los puestos de trabajo. Los trabajadores exigen que se les paguen los salarios caídos y se respeten los puestos de trabajo, y frente al lock-out patronal, la expropiación de la planta y su municipalización bajo control de los trabajadores.

Este planteamiento ha sido llevado a la Legislatura a través de un proyecto de ley de Jorge Altamira.

 

Antecedentes

La decisión de ocupar fue una respuesta de los trabajadores a la crisis terminal que estaba viviendo la fábrica, dedicada a la confección de pantalones, sacos y prendas de vestir. Los dueños de la misma, los hermanos Brukman, hicieron abandono del establecimiento. Temiendo un vaciamiento, los trabajadores permanecieron en la planta, cuidando los bienes. Así transcurrieron dos meses largos, sin noticias de los dueños y los trabajadores sin cobrar sus salarios.

Esta situación es la culminación de un largo proceso en que los trabaj adores del establecimiento han sido víctimas de la voracidad patronal, que ha costado la vida de trabajadores de la empresa. El día 30 de noviembre de 2001 falleció el operario Marcelo Rojas, que se desempeñaba como planchador. Dicho trabajador, que padecía de bronquitis crónica, falleció por carecer de recursos necesarios para poder comprar la medicación correspondiente. La patronal venía adeudando varios salarios y la falta de pago era sustituida por la entrega de 5 pesos semanales, lo que, como es obvio advertir, obligó a Marcelo Rojas a suspender el tratamiento que necesitaba. Los dueños no accedieron a pagar el salario ni siquiera en el momento en que el nombrado estaba internado, pese al pedido expreso efectuado por sus familiares. La muerte del compañero fue uno de los disparadores del conflicto.

La trabajadora Elvira Peralta, a su turno, se encuentra en la actualidad en grave estado de salud, ya que padece de cáncer, cuadro que se ha visto agravado al no poder continuar con el suministro de medicamentos ni los tratamientos que tiene prescritos.

La empresa Brukman desde hace 5 años no abona el aguinaldo ni las vacaciones, ni los salarios, conducta acompañada por prácticas antisindicales y discriminatorias contra el personal, especialmente contra aquellos de nacionalidad extranjera. Los trabajadores de Brukman no han podido contar en repetidas oportunidades con el servicio de la obra social, debido al incumplimiento de pago.

El hecho de que la firma se encuentre bajo concurso de quiebra en la Justicia no ha sido un obstáculo para que los dueños promovieran actos de vaciamiento, como retirar insumos, maquinarias y grandes cantidades de productos terminados, sin realizar ningún tipo de registro, y dejando de abonar los servicios públicos indispensables para la producción, como la electricidad, el gas y el teléfono.

 

El costo empresario

El abandono de los dueños contrasta con la actitud de los trabajadores que a lo largo de estos dos meses han mantenido el funcionamiento del establecimiento, abonando los servicios públicos necesarios para la producción, reparando maquinaria averiada, reponiendo los insumos necesarios, restableciendo la relación con proveedores que habían cortado su trato con los Brukman.

El ejemplo que arroja este conflicto es altamente emblemático pues revela que el principal obstáculo para la producción es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión, hasta el punto tal que la mano de obra pasó a ser casi gratuita (a razón de 5 pesos por semana), mientras la superexplotación fue llevada, como contrapartida, a su máximo nivel, con su secuela de despidos y víctimas fatales. Esta política negrera, de flexibilidad laboral llevada hasta su últimas consecuencias, no sirvió para que la empresa saliera a flote y despegara económicamente. El llamado “concurso preventivo”, al igual que en otros casos similares, ha sido un biombo para vaciar la empresa y organizar la huida de los dueños, quienes se dan maña para colocar, previamente, su patrimonio personal a buen resguardo.

El caso Brukman es altamente revelador de la incompatibilidad existente entre las posibilidades de producción y las relaciones de producción imperantes. Un parque de maquinarias moderno, instalaciones y establecimiento adecuados con capacidad para emplear a más de 400 personas, corre el riesgo de convertirse en chatarra, mientras existen demandas sociales insatisfechas.

 

Proyecto de ley

La propuesta de expropiación de la empresa Brukman y su pase a manos del Estado porteño, parte de estas constataciones, y se inspira en un principio general de reorganización de la sociedad, encabezada por los trabajadores. Este principio aplicado a dicho establecimiento permitirá reconvertir la producción y orientarla a la satisfacción de necesidades sociales, tales como el suministro de guardapolvos y sábanas para los hospitales o ropa de trabajo u otros artículos textiles imprescindibles para instituciones públicas. Ni qué hablar que esto redundará inclusive en un mejor servicio, aumentando la calidad y abaratando el producto.

El “ahorro” no será obra de reducciones salariales *como vino ocurriendo hasta ahora* sino del fin del derroche y la ineficiencia empresarias. El solo aumento de la escala de producción y la supresión de la enorme capacidad ociosa que hoy arrastra la empresa, permitirá reducir sensiblemente los costos de producción. En sintonía con ello, el proyecto contempla la elaboración de un plan que apunta a la utilización a pleno de la capacidad de producción instalada, previendo la apertura de nuevos turnos y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Ha trascendido que el Gobierno de la Ciudad, por medio de la Corporación del Sur, tomaría la iniciativa de reabrir al menos tres fábricas *que han cerrado por la crisis* para formar una sociedad del Estado destinada a producir alimentos un 75 por ciento más baratos que los precios de mercado y a elaborar 20 mil raciones diarias para ser distribuidas entre la población indigente de la ciudad. No cabe la menor duda de que con la puesta en funcionamiento de la firma Brukman bajo propiedad del Gobierno de la Ciudad se podría poner en práctica una experiencia más sólida, que estaría al margen de la gestión de burócratas y del propósito de futuras re-privatizaciones.

La expropiación de la empresa, por otra parte, está sancionada por la propia realidad. Al abandono de la planta se suma el hecho de que Brukman mantiene deudas multimillonarias, principalmente con el Estado, tanto en el ámbito nacional como en el de la Ciudad de Buenos Aires. Dichas deudas superan ampliamente el patrimonio de la empresa, de modo que el Estado, en caso de apropiarse de ésta, no haría otra cosa que recuperar (y ni siquiera en su totalidad) una acreencia que legítimamente le pertenece. De ningún modo esto puede concebirse como un blanqueo, un olvido o un jubileo. Ni la sociedad ni los trabajadores tienen por qué cargar con la ineptitud e inoperancia empresaria. La crisis tienen que pagarla sus responsables, los que la provocaron. Por eso, la ley plantea en uno de sus artículos que los dueños deben responder con sus bienes y patrimonio por las deudas contraídas.

Por último, pero tanto o más importante, el proyecto plantea el control de los trabajadores de este proceso, que como lo indica tanto la experiencia de Brukman como la experiencia que viene siendo recorrida en las asambleas populares, en los cacerolazos, cortes de ruta y piquetazos, son los verdaderamente interesados en defender el patrimonio y los reclamos y aspiraciones populares. Son ellos y sus organizaciones los que pueden sacar al país de la catástrofe capitalista.