Duhalde relevó al secretario de seguridad de la provincia, y nombró en su lugar al ex juez Piotti, y también propuso que la investigación de las desapariciones y muertes en las que está involucrada la policía tenga la “colaboración” de una comisión integrada por el Poder Ejecutivo y los partidos políticos con representación parlamentaria.

Las decisiones fueron tomadas horas después de conocerse un informe del Departamento de Estado norteamericano en el que se detallan desapariciones en la provincia imputadas a la policía. Pero ellas son una huida hacia adelante ante un verdadero tembladeral político.

Nunca, como en los últimos meses, ha sido tan claro que en la provincia de Buenos Aires rige una impunidad plena para los “escuadrones de la muerte” responsables de más de treinta ejecuciones, cuya investigación es sistemáticamente bloqueada por todos los poderes de la “democracia”. Wálter Galeano, un joven de 17 años, apareció muerto a balazos en las proximidades de Guernica a principios de enero, luego que numerosos testigos lo vieron salir esposado de su casa rodeado de media docena de policías. Eduardo Cicuttin y Eduardo Corbo fueron asesinados en Wilde, se presume en circunstancias similares. La policía dejó fugar a once efectivos acusados de la muerte del obrero platense Andrés Núñez, desacatando una orden judicial. Acaba de comprobarse que los anónimos atribuidos a Miguel Bru y dirigidos a su familia, eran en ralidad apócrifos y fueron confeccionados en la Brigada de Investigaciones de La Plata (dos meses atrás el juez Vara pretendió cerrar la investigación por “falta de pruebas”).

La movilización ha jugado un papel de primer orden en el “deschave” del estado parapolicial. Fueron las “marchas del silencio” por Miguel Bru en La Plata o por el niño Vidal en Mercedes lo que impidió que los jueces cerraran estos casos.

Pacto con la UCR

La monstruosa impunidad del aparato represivo y el encubrimiento de crímenes y desapariciones por el gobierno y los jueces, goza de la cobertura de la UCR, que por boca de su expositor oficial declaró en la misma sesión que aprobó la necesidad de reforma de la Constitución que “nadie honradamente puede decir que no existen garantías jurídicas (bajo este gobierno)” (Balbino Zubiri, Clarín, 12/12/93). Frente a la seguidilla de ejecuciones, la UCR se ha limitado a pedir el relevo del Jefe de policía.

Duhalde ha reconocido lo ya imposible de ocultar: la responsabilidad del personal policial en el asesinato del joven Galeano y en la fuga de los efectivos acusados de la muerte del obrero Núñez. Pero el relevo de Petiggiani y la formación de la comisión de “control” del Ejecutivo y los partidos políticos es una operación cosmética que deja intactos a los cuerpos represivos y sus cómplices. Duhalde ha advertido que la Comisión no tendrá poderes que “sustituyan la tarea de los jueces” y que se limitará a “recopilar información” (La Nación, 3/2/94).

Simultáneamente, según una información publicada en el diario “El Día” (La Plata), existiría una “resolución interna y reservada de la policía provincial, prometiendo ascensos a los efectivos que participen de enfrentamientos armados”. Esta orden estaría indicando, según el diario, la “preocupación” del gobierno de Duhalde por la “desvirtuación” del “sano propósito (que tiene) incentivar a los efectivos (para que) se jueguen en situaciones difíciles” (30/1).

Con esta orden queda cerrado el círculo de la impunidad.