Políticas

31/3/2017

Buenos Aires: Vidal prorroga el régimen de ´la patria contratista´

La gobernadora extenderá por decreto la Ley de Emergencia en Infraestructura.


El gobierno de Vidal se encuentra preparando un decreto para prorrogar por un año más la vigencia de la Ley de Emergencia en Infraestructura. La misma establece mecanismos de excepción para la asignación de licitaciones y contrataciones en materia de obra pública, exceptuando su publicación en Boletín Oficial. A su vez, faculta al Ministerio de Economía a la ´reasignación´ de partidas presupuestarias con este fin.


 


Durante el año que lleva en vigencia, esta ley no implicó ningún avance en la realización de las obras que necesitamos los trabajadores bonaerenses.


 


Por ejemplo, no sirvieron para prevenir las inundaciones que, a lo largo del 2016, afectaron primero al sudoeste y luego al noroeste de la provincia. En La Plata, el intendente Julio Garro debió reconocer que “si hoy llueve lo mismo que aquel 2 de abril –por la inundación de 2013, que dejó más de 89 muertes y 200 mil damnificados– seguramente nos volveremos a inundar” (Infoplatense 30/3); esto porque del plan hídrico sólo se han finalizado poco más de la cuarta parte de las obras proyectadas hace casi cuatro años, aunque se promete que las mismas estarán listas a fin de año… ¡por tercer año consecutivo!


 


El gobierno realizó en 2016 un relevamiento de la situación edilicia de los establecimientos educativos, cuyos resultados Vidal y Finocchiaro se negaron a publicar, aunque admitieron que cerca del 80% presenta déficit en la materia. Vidal aseguró, además, en la Asamblea Legislativa de marzo del año pasado, que 53 hospitales provinciales se encuentran en “estado de demolición”. Sin embargo, no existe al momento publicación de detalle alguno de las obras que el gobierno piensa ejecutar en estos rubros.


 


En la ley de Presupuesto 2017, el gobierno redujo nominalmente un 8% la partida del Instituto de la Vivienda, caída que supera el 40% en términos reales si tenemos en cuenta la inflación. Esto cuando la crisis habitacional afecta a un millón de bonaerenses. La única respuesta del gobierno a esta situación a sido la represión sistemática a las tomas de terrenos que se multiplicaron en toda la Provincia el año pasado.


 


En dicha ley de Presupuesto se profundiza un rumbo de megaendeudamiento con la excusa del “plan de obras más ambicioso de la historia”. Lejos de ello, esos fondos se destinarán a cumplir con los vencimientos de la vieja deuda y cubrir el rojo fiscal, lo que en total suma la friolera de 70.000 millones de pesos.


 


A ello debe agregarse un dato esclarecedor: del presupuesto asignado a Infraestructura para 2016 solo fueron ejecutados dos tercios del total. Es decir que mientras se argumenta la necesidad de un manejo discrecional de la obra pública para “acelerar los tiempos”, el gobierno subejecuta las partidas y las reasigna a otros fines, con los resultados antes mencionados. No se privará de ello este año electoral. El pretexto de que el presupuesto provincial prioriza la planificación de obras e impide otorgar el aumento salarial que exigen los docentes es una completa impostura.


 


La reforma a la Ley de Ministerios aprobada a fines de año pasado –con la única disidencia de la banca del Frente de Izquierda– establece la disolución del área de Geodesia y el traspaso de sus funciones del Ministerio de Infraestructura a Arba, lo que constituye un avance en la privatización de la obra pública, ya que obligará a la tercerización de la planificación y fiscalización de la misma. Esta última tarea se viene realizando a través del trabajo gratuito de estudiantes de Ingeniería de la UNLP, mediante "prácticas" truchas introducidas por un convenio del Ejecutivo con la Universidad.


 


La Emergencia en Infraestructura solo ha servido para aceitar los negociados con la patria contratista de los Calcaterra y los López, mientras se agrava la carencia de obra pública. Oponemos al manejo discrecional el planteo de un plan integral cuya planificación y fiscalización esté bajo el control de los trabajadores de la Provincia, en especial de la salud y la educación, y las asambleas vecinales que se conforman en cada localidad y barrio afectado por estas carencias.