Horas atrás se hizo de conocimiento público un informe de la empresa Movistar que confirma la existencia de comunicaciones directas entre Marcelo D’Alessio –el falso abogado involucrado junto al fiscal Carlos Stornelli en una red de espionaje ilegal- y la ministra Patricia Bullrich.

Ante las revelaciones sobre este vínculo, la titular de Seguridad negó tener contacto alguno con D’Alessio y aseguró, sin sonrojarse, que el celular lo usa su nieto “para jugar”.

El informe de Movistar forma parte de la causa que lleva adelante el juez Ramón Padilla, por las operaciones en la ‘causa de los cuadernos’, tanto de espionaje como de extorsión  a implicados. Además de D’Alessio, se investiga entre otros a las diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto, así como al juez Claudio Bonadío. 

 

La conversación entre Bullrich y D’Alessio que se encuentra en las fojas de la causa de Padilla datan del 2017, y darían cuenta de trabajos de inteligencia clandestina por parte de D’Alessio, en esa oportunidad en acciones sobre el narcotráfico en Rosario. En otros audios y videos, que dan cuenta de otras operaciones del falso abogado, este se jacta de contar con conexiones con la ministra.

No se trata de la primera muestra de los nexos de Bullrich y otros funcionarios gubernamentales con aparatos de espionaje paraestatal. A principios de este mes, Sergio Maldonado denunció que la ministra comandaba un operativo de fisgoneo, en conjunto con fuerzas represivas de Chile, que implicaba desde la persecución a la familia de Santiago hasta grabaciones de sus conversaciones públicas. 

La publicación del informe aporta nuevas revelaciones del carácter conspirativo de las instituciones de seguridad, justicia e Inteligencia del Estado. 

El desarrollo de las causas aparece como un episodio más de la utilización de los recursos estatales para la disputa capitalista por la obra pública y por el control del proceso político. La propia aparición pública del informe de Movistar (una fotografía de las fojas de la causa) aparece como una operación de servicios, en este caso contra el gobierno de Cambiemos.

Queda cada vez más claro ante la vista de la población que las instituciones de seguridad, justicia e inteligencia del estado son aparatos en descomposición utilizados para las rencillas entre los capitalistas y sus partidos y fundamentalmente contra los trabajadores y el pueblo. Operaciones ilegales durante el gobierno kirchnerista, como el Proyecto X, dan cuenta que hay una continuidad en este tipo de prácticas entre todos los gobiernos. Planteamos la apertura completa de los archivos de inteligencia, así como la elección popular de jueces y fiscales.