Alquilar en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más inaccesible. El precio promedio de los contratos aumentó 90% de un año a otro como resultado de la escasa oferta en el mercado de locación. Mientras tanto, el 9,2% de las viviendas se encuentran vacías.

Por otra parte, crece la cantidad de propietarios que, eludiendo la legislación vigente, le cobra en dólares a sus inquilinos. Según el portal Zona Prop, los alquileres dolarizados en CABA alcanzan al 40% de los inmuebles, cuando en 2017 esa cifra no superaba el 10%. Algo verdaderamente prohibitivo para la población trabajadora.

Lo cierto es que la disminución de la oferta en el mercado de alquileres está directamente ligada a la especulación inmobiliaria. En CABA existen al menos 341.000 viviendas ociosas; que funcionan como reserva de valor para los capitalistas. Estos negocios son fomentados por la política de Larreta, basada en la privatización de terrenos públicos para la construcción de emprendimientos de lujo.

El proyecto de Presupuesto 2023, presentado por el gobierno nacional en el Congreso, incluye un enorme negociado para quienes ingresen en el blanqueo de capitales: a cambio de venderles sus propiedades usadas, las inmobiliarias se comprometen a absorber el 5% del costo impositivo de ese blanqueo. “La cobertura del costo para la desarrolladora significa la mitad de la alícuota en dólares, ya que el 5% que impone la ley se traduce a dólar oficial y al cambio del blue pasaría a costar casi un 2,5%” (La Nación, 4/10). Como vemos, el oficialismo busca favorecer únicamente a los desarrolladores inmobiliarios pero no mueve un dedo para resolver la situación desesperante de los inquilinos.

Es necesario que los alquileres acompasen la evolución salarial, y, al mismo tiempo, recomponer los ingresos de las mayorías populares, estableciendo un sueldo inicial de $190 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Por otra parte, resulta fundamental combatir la especulación aplicando un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa y a los desarrolladores inmobiliarios, que a su vez sirva para financiar un plan de viviendas construidas en tierras fiscales y ociosas que satisfaga las necesidades habitacionales de la población. Romper con el FMI y repudiar el pago de la deuda usuraria son parte de este programa en defensa del derecho a la vivienda.