El desbaratamiento de una banda mafiosa que manejaba los “kioscos” de droga en la zona sur pone de relieve el “organigrama” del delito en la Provincia de Buenos Aires. Dos de los jefes de la banda pertenecen a la bonaerense. Uno de ellos prófugo; el otro, detenido, actuaban en una comisaría de Ezeiza.

Esta banda asesinó en Luis Guillon a Bárbara Ganollia, de tan sólo 8 años, cuando tirotearon su vivienda, hace dos meses, por un ajuste de cuentas con uno de los narcos “minoristas”, familiar de la niña.

Según los diarios, en el allanamiento “se secuestraron quince armas, entre ellas una ametralladora de 9 milímetros, cinco fusiles y tres silenciadores. También se incautaron cinco chalecos antibalas y más de 80 mil pesos producto de la venta de droga, de la cual se secuestró siete kilos de cocaína y más de treinta kilos de marihuana” (inforegion, 27/11).

Los investigadores policiales se “lamentan” frente al hecho que les “quita orgullo y los avergüenza”. En realidad, los “kioscos” y usinas de droga, pibes empujados a robar autos para los desarmaderos, a cambio de dosis de paco y lugares de público conocimiento donde se procesa el delito, dibujan al mapa de la provincia como una zona liberada.

La pueblada de Wilde ya había puesto en evidencia la corrupción de las cúpulas policiales con el manejo de cajas negras de los foros de seguridad y de dinero sucio, relacionado con el negocio de los desarmaderos. A esto hay que agregar la anuencia del gobierno de Scioli en la prórroga de los negocios de casinos y bingos. Un canal perfecto para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico y la trata de personas para la prostitución, que hacen las delicias de los capos de la bonaerense y los punteros de conurbano.

El intento de Scioli de “elevar la autoestima de la policía” dándole más poder, con su plan “tolerancia cero”, código contravencional y la imputabilidad de los menores que apunta contra la movilización popular, va a agudizar todas las tendencias a la descomposición del aparato represivo. Es decir, un incremento del delito organizado.

Está planteada la necesidad de barrer con las cúpulas policiales a través de asambleas populares que además seleccionen a los miembros de una nueva fuerza de seguridad ciudadana, controlado por vecinos, trabajadores y organizaciones de derechos humanos.