El gobierno y las patronales han celebrado la caída de casi un 50% en los juicios por accidentes de trabajo desde que fuera promulgada hace dos años la última modificación a la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), cuando la realidad es que, con la nueva normativa, los trabajadores se enfrentan a una casi imposibilidad de llegar a juicio.

El jolgorio, claro, tiene su explicación ya que, desde que entró en vigencia la reforma hace dos años, los empresarios llevan “ahorrados” más de $25.000 millones (Clarín 18/2) que se libraron de pagarle a los trabajadores accidentados.

Es que la reforma, que fue presentada por los capitalistas como un golpe “demoledor” a la “industria del juicio”, establece que el trabajador que sufre un accidente –de la gravedad que sea– debe someterse al examen de las denominadas “Comisiones Médicas”, creadas por esta ley, que están integradas por representantes más o menos directos de las ART y que producen dictámenes que reducen a miseria los montos de las indemnizaciones por el siniestro.

Estas “comisiones” tienen un plazo muy amplio para definir el carácter del accidente, el grado de discapacidad y el monto de resarcimiento. Son nada menos que 60 días hábiles prorrogables por otros 30 más, es decir unos cuatro meses durante los cuales el trabajador se ve presionado por la premura de contar con un ingreso para la subsistencia.

Ante esto, el trabajador, en las condiciones de indefensión en las que se encuentra –o sus familiares si el obrero fallece– debe optar por aceptar la miseria que le ofrece la ART u optar por un juicio de largo plazo sin cobrar un solo peso hasta la sentencia. Esto porque fue eliminada la “doble vía” por la cual el trabajador podía cobrar lo que le ofrecía la aseguradora y luego iniciar un juicio por la diferencia que podía corresponderle.

Una muestra de la encerrona en la que colocan al trabajador es que de los más de 58.000 juicios que se iniciaron en los primeros siete meses del año pasado –con inciertos resultados habida cuenta los antiobreros fallos de la Corte en este tema–, solo el 6% ha tenido sentencia (La Nación, 17/2), pese a que se trata del dinero necesario para la supervivencia del demandante y su familia.

"Ni los accidentes ni las enfermedades se redujeron", sostiene Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, porque con la legislación sobre las ART no se trata de “prevenir para que no haya accidentes en los lugares de trabajo” sino que lo “único que intentan hacer es reducir” los “juicios laborales a (los) empresarios" (ídem).

Esto con el definido objetivo de liberarlos de toda responsabilidad frente a la siniestralidad creciente que se cobra una gran cantidad de vidas obreras, como son los casos de Pedro Emanuel Gauna (en la Papelera Samseng) y Pablo Mediavilla (en FV), por citar solo lo que sucediera en el Parque Industrial de Pilar, en lo que va de este año.

En cuanto a las enfermedades contraídas por el trabajador como consecuencia de sus tareas, las mentadas “comisiones” tienden cada vez más) “a no responsabilizar al empleador de las enfermedades contraídas en la empresa. Enfermedades como las varices, la lumbalgia, la tendinitis, nunca son atribuibles a las patronales y así se sacan de encima tres enfermedades generalizadas de la clase obrera y, por lo tanto, evitan el resarcimiento al trabajador”, (Juan Ferro, Prensa Obrera, 10/11/2018).

Esta ofensiva contra las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y empleados, comenzó durante el gobierno K, que impulsó las primeras modificaciones antiobreras de la legislación de riesgos del trabajo y se amplió en este gobierno, en particular con la última modificación a la ley de ART, que contó con el beneplácito del PJ y el acompañamiento de la burocracia sindical.

Ante la traición de la burocracia, es una tarea de las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos combativos intervenir en las fábricas y demás lugares de trabajo para enfrentar esta ofensiva, con comisiones electas por los trabajadores, que tengan poder de veto ante procedimientos peligrosos y cuenten con facultades para reducir los ritmos de la producción en cuidado de la salud del trabajador

Esta intervención de los delegados y las comisiones internas que impidan los accidentes, se ha transformado en una necesidad imperiosa frente al despotismo patronal y del Estado.