Una de las 14 más importantes multinacionales brasileñas está acusada de lavado de dinero, evasión de divisas por 9 millones de dólares, enviar remesas ilegales a paraísos fiscales y coimear a partidos políticos con el fin de obtener “beneficios indebidos en obras públicas” (Clarín, 30/3). También de inflar el precio de las obras de la refinería Abreu e Lima, que está construyendo Petrobras en el estado brasileño de Pernambuco (noreste) y a la que prevé asociarse Petróleos de Venezuela (PDVSA) en un futuro.

Se trata de la constructora Camargo Correa -dueña en la Argentina de la cementera Loma Negra-, una de las 100 empresas de mayor facturación del mundo, que actúa en una veintena de países y es responsable de numerosas obras de infraestructura en Colombia, Venezuela, Perú o Bolivia, entre las que se encuentran carreteras y represas.

Los partidos implicados en los sobornos son el PSDB -del gobernador paulista José Serra y precandidato presidencial-, el partido Demócrata o DEM (ex Partido del Frente Liberal, ultraconservador), al Partido Popular Socialista y el Partido Socialista de Brasil, un agrupamiento miembro del bloque oficialista.

La red de corrupción va bastante más lejos de Camargo Correa ya que la Justicia “tiene también en la mira al presidente del banco Bradesco Larazo Brandao y a la propia Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP)”. El juez Fausto De Sanctis tiene pruebas de que las autoridades de la FIESP eran las encargadas de entregar el dinero a los políticos. El titular de la cámara empresaria, Paulo Skaf, admitió que entregó dinero de la constructora a los principales partidos de la oposición (PSDB y el DEM), pero “dentro de la ley” (EFE, 28/3).

En cuanto al presidente de Bradesco, fue descubierto casualmente en el curso de la investigación mientras se seguía a uno de los “doleiros”, los dueños de “cuevas” de dinero especializadas en transferir divisas en forma ilegal al exterior o enviar a cuentas en paraísos fiscales.

Olga Cristóbal