Políticas

28/7/1993|397

“Camionetazo”: el “plan Cavallo” bajo tierra

El camionetazo del pasado 27 de julio ha puesto de manifiesto que el “plan de con­vertibilidad” está recontra agotado. La pro­testa rural englobó a todos los segmentos de los “productores”, desde la pequeño burguesía de la Federación Agraria hasta la fracción de la oligarquía que se agrupa en las Confederaciones Rurales (CRA). Pero además, incorporó integralmente a las pro­ducciones regionales (algodón, fruticultura) y hasta a un sector de la “agroindustria” golpeado por las importaciones de los pro­ductos alimenticios.


Subsidios y devaluación


El gobierno menemista no fue mezqui­no, sin embargo, en concesiones y preben­das a la oligarquía. Al comenzar su manda­to, eliminó las retenciones (impuestos) a las exportaciones agropecuarias. A los produc­tores rurales bonaerenses “hace dos años que no le aumentan los impuestos inmobiliarios, gracias al pacto fiscal que supo conseguir (la Carbap)” (Clarín, 30/6/92). Pero el “plan” Cavallo fue completamente impotente frente a la guerra comercial y de subsidios agrícolas desatada entre los dife­rentes bloques imperialistas. La crisis mun­dial ha “devaluado” furiosamente a los productos primarios y a las propias mone­das otrora “fuertes”. La burguesía agraria argentina reclama, ahora, un “reintegro para las exportaciones equivalente a la diferencia entre costos y precios” (peti­torio presentado al gobierno por entidades agropecuarias), lo que no significa otra cosa que una devaluación “particular’’ para el agro. Pero también reclamaron —y obtuvie­ron— términos de intercambio “especiales” los industriales papeleros, y se apres­tan a arrancarlos ahora los textiles, petroquímicos y siderúrgicos. La suma de estas medidas solo puede ser el preludio de una devaluación general y del fin de la “con vertibilidad”.


Endeudamiento y concentración


Una devaluación agravaría, sin embar­go, el cuadro del endeudamiento agrope­cuario, que asciende a 4.500 millones de dólares (esto es, al 50% del producto bruto anual del campo). El programa del camionetazo plantea, por ello, una refinanciación de pasivos y nuevos créditos a “tasas Interna­cionales” (que equivalen al 30% de la tasa de interés local).


El otorgamiento de “nuevas líneas de crédito” es especialmente reivindicado por CRA, entidad que agrupa a grandes produc­tores que, en una Importante proporción, también se encuentran afiliados a la Socie­dad Rural (que no apoyó la marcha, pero que también pugna por créditos subsidia­dos). La CRA defendió, en la marcha a Plaza de Mayo, el programa de rescate financiero que la Rural viene discutiendo con el gobierno. Los créditos en danza inte­gran un “Plan de reconversión del agro argentino”, urdido entre la Rural y el secre­tario Solá. Como lo definió un técnico de la SRA, el plan está dirigido a “obtener la rentabilidad sobre la base de un aumento significativo de la productividad… lo que lleva a la necesidad de buscar esca­las adecuadas”, es decir, un proceso de concentración de la tierra en grandes unida­des, que exige “una actitud de flexibilidad por parte de los productores, quienes deben diferenciar el papel de propietario del gerencial, por cuanto en un proceso de reconversión se producirá… la delegación de algunos de estos roles” (La Nación, 25/6). A través del crédito subsidia­do, lo que se financiará es el acaparamiento de tierras por parte de los productores más poderosos, y a expensas de los pequeños productores endeudados y en quiebra.


Por eso detrás de la bandera genérica del salvataje “del campo”, se oculta un proceso de aguda concentración y dife­renciación social que será financiado y promovido desde el Estado. Este es el programa de Solá y Zavalía, pero que las CRA impusieron al resto de las “entida­des”. En el camionetazo, la pequeña bur­guesía agraria marchó detrás de los plan­teos de la oligarquía (devaluación y concen­tración agraria), que conducen a una gigantesca confiscación de riqueza social a ex­pensas de los trabajadores y pequeños pro­ductores.


¿Reconversión?


Los apologistas de la “eficiencia, eco­nomías de escala y productividad” en el agro pretenden omitir el brutal proceso de concentración que se viene desenvolviendo en el agro argentino, el que —por lo visto— no lo eximió de la crisis actual. Entre 1969 y 1988, el número de explotaciones rurales “se redujo en casi un 30% (de 538.000 a 378.000)” (Página 12, 7/3). En los últimos años, ha cobrado auge la formación de grupos de productores “coordinados” por pulpos cerealeros y b anear los, que tienden a eliminar las figuras del acopiador y del corredor de granos. Según datos de FIEL, el rendimiento de la siembra en trigo y maíz (en términos de kilos por hectárea) subió un 20 y 17%, respectivamente, en el último lustro. En los testimonios periodísticos del camionetazo, abundaron los casos de pro­ductores quebrados… luego de haberse “reconvertido” y obtenido “rindes” es­pectaculares.


La crisis del agro no obedece a sus “limitaciones productivas”, sino más bien a lo contrario. Esto es, al exceso de producción en todo el mundo por referencia a las posibilidades de comprada las masas. Esta crisis de sobreproducción ha mandado “a la lona “a una buena parte de los produc­tores de la CEE y EE. UU., y se apresta a hacer lo mismo en Argentina. El gran capital terrateniente pretende resarcirse de esta quiebra a costa de una carestía mayor (no otra cosa provocaría una devaluación) y de la confiscación de la pequeña burguesía.


El camionetazo es un síntoma poderoso de crisis entre los explotadores. La clase obrera puede explotarla, si desenmascara la lucha de clases que pretende ocultarse detrás de las “reivindicaciones del campo”, y convoca a la pequeña burguesía agraria a romper con el gran capital y luchar por la condonación de las deudas de los pequeños productores; suspensión de toda ejecución de hipotecas sobre los mismos; confiscación del gran capital terrateniente y de los pulpos cerealeros que se quedan con el 80% del “margen” agropecuario; au­mento salarial para el obrero rural e indus­trial, que incremente la demanda de los productores primarios y control obrero de la producción.