29/12/2020
VACIAMIENTO

Capitanich quiere privatizar las empresas estatales de Chaco

El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, envió el proyecto de ley 203/20 por medio del cual propone privatizar empresas estatales, asociando capitales privados a las empresas públicas provinciales en hasta un 30% de las acciones. Por otra parte, también impulsa el proyecto 1676/20 que propicia la creación de la Empresa del Estado Obras y Servicios Integrales del Chaco S.A, asociada a capitales privados en un 40% de sus acciones. Con esta avanzada privatista, el gobierno de Capitanich pretende acaparar en una sociedad anónima tareas que actualmente realizan distintas reparticiones del Estado.

Esto contemplaría trabajos como pinturería, albañilería, materia ambiental, portería, guardia y vigilancia de edificios y espacios públicos de cualquier naturaleza, prestación de servicios de reparación y mantenimiento de bienes, automotores y motovehículos de propiedad del Estado provincial y municipios, proyectos vinculados al uso de fuentes renovables destinada a la producción de energía eléctrica, entre otros. Sameep (servicio de agua) y Secheep (energía) están en la primera línea de este camino del Ejecutivo, que propone abrir a capitales privados el paquete accionario de empresas, sociedades, establecimientos o entidades, cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado provincial, un antecedente gravísimo en la provincia.

En la década del 70´, una de las cuestiones políticas que se fueron instalando en nuestro país es la idea de que lo privado es mejor que lo público, que los productos importados son mejores que la producción nacional. De esa manera se fue privatizando empresas estatales y descentralizando la educación y la salud. Sin lugar a duda, donde más avanzó este pensamiento es en la década del 90´, donde el PJ, al mando de Carlos Menem, desarmó industrias como YPF, entre otras. Pero este pensamiento nunca se abandonó, sino que permaneció y se fue profundizando y sosteniendo.

Quedaron una centena de empresas dependiendo del Estado nacional y de algunas provincias, como el Chaco. Pero ahora, siguiendo las recetas del FMI, y como el alumno más destacado, el gobernador Capitanich ahora se propone avanzar sobre las empresas públicas. Secheep es una empresa que la vienen vaciando con deudas millonarias a Camesa, un saldo negativo que supera los $7.600 millones. Sucede que de los gastos y las pérdidas se hace cargo el Estado y de las ganancias, la parte privada, una maravillosa idea implementada por la década kirchnerista. Al no ser una empresa pública y ser una sociedad anónima, quedan las puertas abiertas para una futura privatización total de la empresa.

Con esta arremetida privatista, el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, pretende avasallar los derechos laborales del CCT 36/75, que rige en la empresa. Por otra parte, viola claramente la Constitución de Chaco, donde se expresa que toda empresa de servicios públicos pertenece al Estado provincial.

El Ejecutivo pretende hacer pasar esta privatización con la excusa de la transparencia y eficacia en la gestión de las empresas estatales, modificando la participación de los trabajadores en los directorios y reemplazando a estos por tres auditores -dos auditores por parte del Estado y uno por parte de los capitales privados. Pero esto es poner al zorro a cuidar el gallinero. Son de público conocimiento los hechos de corrupción del gobierno de capitanich con los fondos públicos y la administración estatal, como el robo de fondos con el programa “Sueños Compartidos”, que reflejó el manejo corrupto de las arcas públicas utilizando un problema muy sentido como lo es las necesidades habitacionales que atraviesan las familias trabajadoras en Chaco.

Mientras sus funcionarios, como Francisco “Tete” Romero, exministro de Educación y actual secretario ejecutivo del Congreso Pedagógico fue intimado por el tribunal de cuentas a devolver más de tres millones de pesos que no rindió durante su gestión, el gobierno pretende hacernos creer que el Estado es garantía de transparencia. Los trabajadores de la carne, en la provincia, tienen muy en claro el manejo empresarial de Capitanich, con el cierre del frigorífico Toba, dejando a cientos de familias en la calle, o el vaciamiento y el cierre del frigorífico Las Termas en Sáenz Peña, con el robo millonario que hizo Capitanich de cada inversión que se hacía en Frigochaco, un frigorífico fantasma que nunca funcionó y en el cual el gobierno invirtió más de 10 millones de dólares.

O como han evidenciado los trabajadores precarizados del hospital del Bicentenario de Castelli, cuando denunciaron que el gobierno gastó casi diez millones de pesos en pintar el frente del hospital para llenarle los bolsillos a la constructora Palacios, empresario amigo del gobernador, mientras los trabajadores hace años vienen reclamando aumento de salario, mejores condiciones y pase a planta debido al abandono que gobierno tras gobierno vienen cometiendo con la salud pública.

O los famosos hospitales de emergencias, de los cuales no se conoce su paradero. Este gobierno, que desfinancio Secheep autorizando la afectación de fondos para sostener Secheep combustibles, beneficiando a empresarios amigos, habla en nombre de la transparencia. Ya tenemos en claro el papel de las sociedades anónimas del gobierno con el manejo de la Fiduciaria del Norte, que financiamos con el cargo tarifario específico (un monto extra recargado en cada boleta de luz) que pagamos los trabajadores, y que el gobierno utiliza como caja negra para gastos de campaña, por ejemplo.

Mientras tanto la población tiene que soportar los tarifazos impuestos por el gobierno, que van a parar a una sangría de fondos sin control. Por ello, desde el Partido Obrero nos oponemos a esta medida privatista y ponemos en alerta a los trabajadores que verán afectada su realidad laboral y salarial. Basta de tarifazos, apertura de los libros de Secheep y Sameep, control obrero de las empresas, pase a planta, salario igual a la canasta familiar y condiciones de trabajo.

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