El choque entre Lavagna y De Vido por la negociación de los contratos con las empresas privatizadas constituye el prólogo de una crisis política de conjunto. La cuestión de fondo tiene que ver con el pago de la deuda externa en defol por 140.000 millones de dólares (100.000 millones de deuda pública y 40.000 millones de deuda externa privada). Los ajustes de las tarifas de los servicios forman parte de las exigencias del FMI y de ese ajuste dependen, no solamente las ganancias de las empresas privatizadas, sino la capacidad de pago de la deuda externa de ellas. El conflicto tiene otra faceta importante, porque mientras De Vido pretende una intervención del Estado en la determinación de las inversiones en los servicios públicos, Lavagna plantea que esas inversiones son un resorte propio de los pulpos. El enfrentamiento tiene lugar luego de que ha quedado comprobado el fracaso de los Fondos Fiduciarios que se pretendieron crear para financiar esas inversiones, con aportes tanto privados como estatales. El gobierno ha dejado al desnudo toda su impotencia ante el sabotaje de los monopolios internacionales, que se niegan a contribuir a este esquema. La tentativa oficial de distribuir entre sus socios de la burguesía nacional una parte de los negocios de las privatizadas ha concluido en un fiasco.

A la luz del conflicto Lavagna-De Vido resulta claro que el acuerdo final con los acreedores internacionales no tendrá lugar sin una crisis de gobierno. Del lado de Lavagna se encuentra Duhalde; según Clarín (10/9), en una reunión que se había mantenido en reserva, Duhalde le “había evidenciado” a Kirchner “su preocupación por el ritmo y el modo que adoptó el gobierno para cerrar definitivamente la salida del default”. Por eso, la arremetida en los últimos días de los acreedores internacionales, e incluso del FMI, contra las propuestas oficiales no refleja de ningún modo la inminencia de una ruptura, sino la certeza de que el acuerdo sobrevendrá a partir de una crisis política.

Cediendo y cediendo

Desde la propuesta inicial de una quita del 75% del valor de la deuda, las concesiones al capital financiero internacional han sido numerosas. Se le agregó, meses después, el reconocimiento de 25.000 millones de dólares por intereses impagos (resultado de tasas usurarias del 13% anual) y fueron nombrados como asesores del gobierno tres pulpos bancarios, incluido Merrill Lynch, que había negociado el endeudamiento de Argentina bajo Cavallo.

Luego de esto fue propuesto un bono cuyos intereses se incrementarán en el porcentaje que crezca el PBI. Con estas ‘mejoras’, se ha calculado que la ‘quita’ no superaría el 40-50%. Pero, ahora, Lavagna ha tiradootra promesa más: el Estado intervendría para mantener elevada la cotización de la deuda que reemplace a la actual, mediante recompras de bonos. Esto equivale a pagar una parte de la deuda en efectivo, sin necesidad de que se modifique el superávit fiscal que se establezca en el presupuesto. El monto de este superávit también ha sido modificado para beneficiar a los acreedores: del 3% del PBI (2,4%, Nación; 0,6%, provincias) se pasa a otro de casi un 4%, ya que sólo la Nación se compromete con un porcentaje del 2,7 al 3%. 

Si a esto se agrega el aporte estatal a las AFJP, del 1% del PBI, el superávit previsto llega al 5%, por arriba del de Brasil, presentado como ejemplo por el FMI. El monto de este porcentaje en dinero podría incluso variar como consecuencia de una caída del dólar o de la inflación; en el primer caso, crece el importe en dólares relativo a una misma cantidad de pesos, en el segundo caso crece el monto en pesos y, por lo tanto, en dólares. El diputado por la CTA, Lozano, del ala ‘transversal’ del gobierno, ha dicho en Página/12 que, además, se utilizaría un dinero que debería devolver el FMI para cumplir también con un pago en efectivo. Desde la declaración del defol, Duhalde, primero, y Kirchner, después, cancelaron deuda con el Fondo por unos ocho mil millones de dólares. Para un país con seis millones de desocupados y subocupados, y quince millones de pobres, no deja de ser una ‘hazaña’ de neto corte ‘nacional y popular’.

Redistribución de ingresos ‘a la Kirchner’

La confianza en un arreglo de la deu da está demostrada por el aumento de la cotización de los títulos que la represen tan, tanto de los que están en defol como de los emitidos a partir del 2002 para ‘com pensar’ a los bancos (30.000 millones de dólares). La misma suba se registra en la Bolsa. El dólar no sube, como ocurriría en caso de una ruptura de la negociación, por que están entrando capitales para com prar esos títulos. Los especuladores saben muy bien que el gobierno necesita que su ba la cotización de la deuda nueva para conseguir intereses bajos cuando deba re negociarla el año que viene, en que vencen unos 4.500 millones de dólares.

La burguesía está haciendo fortunas con la deuda, como en la edad de oro del menemismo. Julio Nudler, en Página/12, acaba de informar que la mitad del superávit fiscal del 2004, unos siete mil millones de dólares, fueron depositados en los bancos, que pagan tasas de interés ridículas. El 90% del crecimiento de esos depósitos viene del Estado. Los bancos han recolocado ese dinero en títulos de la deuda, que rinden cinco veces más (en préstamos a particulares rinden; quince veces más!).

La presidenta del Banco Nación acaba de explicar que, con ganancias de ese alcance, no necesita que el Estado ponga 500 mi llones de dólares para recapitalizar al banco. El presidente del Central, Prat Gay, ha llamado a este negociado “una reestructuración bancaria sin sangre”. Se trata de una gigantesca redistribución de los ingresos de los contribuyentes hacia los bancos, vía los depósitos públicos, que supera lo conocido en materia de ‘compensaciones’. Un reciente informe reservado del FMI, publicado por Ámbito, asegura, por esto, que el gobierno tiene unos cuatro mil millones en efectivo que no ha dado a conocer. De modo que el famoso superávit fiscal, que según la versión oficial no sería regalado a los acreedores internacionales, circula por otra vía para beneficio de sus filiales en la Argentina y del reflotamiento de la deuda pública. El arreglo internacional con los acreedores y con el FMI no está en duda, pero antes tendrán que saltar algunos fusibles que habían prometido un resultado ‘menos doloroso’.

‘Estamos bien, pero vamos mal’

Es decir que al cabo de un año de kirchnerismo la Argentina se encuentra totalmente atrapada por el capital financiero -no hay una pizca de autonomía nacional. Por eso los acreedores vienen por todo; le acaban de rechazar a Mendoza una propuesta sin quita, que se limitaba a reducir la tasa de interés del 10 al 5% y a ampliar los plazos de vencimiento. Mendoza, en principio, no podría pagar tampoco su propia propuesta, porque implica pagos anuales ¡equivalentes al 165% de sus ingresos fiscales! Otro ejemplo es la exigencia de los bancos que controlan las AFJP de que el gobierno les duplique la tasa de interés del bono que les ofrece en pesos, a pesar de que de todos modos se valorizaría enorme mente porque se ajusta por inflación con un dólar cayendo. Pero a la deuda externa de la Nación le ocurre lo mismo que a la mendocina, ya que incluso el superávit más alto no le alcanzaría para pagar los vencimientos del año próximo de la deuda nueva.

Las exigencias financieras internacionales van mucho más allá, por lo tanto, de un incremento del superávit fiscal. Como cualquiera que sea éste no alcanzaría para pagar la deuda nueva más la deuda en defol, es claro que se pretende que la Argentina reingrese a un mecanismo de endeudamiento internacional y de entrega de recursos nacionales. Esta posibilidad choca con la tendencia al enrarecimiento y encarecimiento del crédito internacional. Se da la paradoja de que la Argentina se en frenta a la perspectiva de una nueva bancarrota tipo 2001, no como consecuencia del defol, sino luego de que llegue a un acuerdo con el FMI y los acreedores.

Burguesía nacional

El gobierno kirchnerista marcha sin pausa, y con prisa cada vez mayor, a un acuerdo con los acreedores como consecuencia de sus intereses de clase. La burguesía nacional impuso el defol para con seguir la pesificación de sus deudas y la devaluación del peso. Ahora quiere salir de allí para recuperar el crédito extranjero y para volver a convertir a la deuda en una fuente suplementaria de beneficios. La Asociación de bancos declara su apoyo a la posición del gobierno… y pide un acuerdo. La Fundación Capital, del vice ministro Redrado, reclama ‘racionalidad’, el santo y seña del acuerdo. El ex banquero González Fraga, kirchnerista de la primera hora, clama por un cese de la ‘belicosidad’ oficial. Siderca, del pulpo Techint, receptor de todos los negociados de este período, acaba de instalar su sede internacional en Madrid, para poder beneficiarse de los créditos internacionales.

Pero el camino de la entrega final está pavimentado por crisis políticas. El Financial Times acaba de anunciar la renuncia de Lavagna para enero, una noticia que el gobierno calificó de ‘estupidez’, pero que fue confirmada por legisladores duhaldistas y ‘transversales’ (Clarín, 15/9).

El agotamiento de la tentativa nacionalista se combina con una crisis política, es decir, con su inviabilidad. Está planteada la necesidad de superar las limitaciones fulminantes del nacionalismo burgués con una alternativa obrera y socialista, y está planteado movilizarse frente a la crisis política.

Para esto llamamos a una campaña para romper con el FMI, por un salario mínimo de 800 pesos y por la triplicación de los presupuestos de vivienda, salud y educación.