Finalmente, el presidente Cardoso ha colocado al Mercosur en terapia intensiva al fijar cupos a la importación de autos, inclusive los provenientes de Argentina, y  rebajar del 18 al 2% los aranceles de importación de máquinas, repuestos y accesorios para la industria automotriz y de maquinaria agrícola. Esto último apunta a una gran reducción de costos en Brasil, otorgando una competitividad decisiva a su industria. En los considerandos del decreto, se dice que “esta medida provisoria (decreto) implanta, en Brasil, un régimen automotriz semejante al que prevalece en Argentina desde fines de 1991…”.

Los diarios argentinos  se equivocan cuando caracterizan a la decisión brasileña como nacionalista-industrialista-proteccionista.  Por de pronto no explican de que nacionalismo se trata, si Cardoso acaba de aprobar la entrega de las telecomunicaciones y el petróleo al capital extranjero.

En verdad, al establecer un régimen automotriz similar al argentino, el gobierno brasileño ha decidido otorgarles a los grandes pulpos automotrices imperialistas “todas las facilidades” necesarias, como dijera su secretario de planificación, José Serra, para seguir haciendo inversiones en Brasil. La más importante es la posibilidad de importar toda la infraestructura (“máquinas, equipos, herramental, moldes, instrumentos y aparatos industriales y de control de calidad, nuevos, con sus respectivos accesorios, piezas de reposición y moldes, además de materias primas, partes, piezas, componentes, conjuntos y subconjuntos”) con un arancel del 2%.

Esta medida supera por lejos a la que incluye a la Argentina en la restricción brasileña a la importación de autos, al punto que, no por casualidad, Brasil no tuvo reparo en suspender por 30 días.

Los acuerdos de Ouro Preto

La crisis actual arrancó el año pasado, cuando Brasil cuestionó el régimen automotriz argentino y a una de las disposiciones de éste, que determina que las importaciones que efectúen las empresas instaladas en el país deben compensarse con exportaciones. Los brasileños consideraron “que estaban financiando la reconversión automotriz argentina” (Clarín, 13/11/94), es decir, a los pulpos radicados en la Argentina, que naturalmente apoyaron el acuerdo de Ouro Preto (Clarín, 31/12/94).

El acuerdo de Ouro Preto duró, sin embargo, sólo seis meses. La razón es que una serie de automotrices, como Toyota, Renault, Fiat, habían decidido instalarse en la Argentina, al amparo del régimen automotriz argentino, para abastecer a todo el Mercosur y eventualmente exportar a otros mercados. “Ahora, Brasil ofrece mejores condiciones, ya que permite importar autopartes, bienes de capital y materias primas con una carga de sólo el 2% contra el 18% del arancel externo común vigente en el Mercosur” (La Voz del Interior, 17/6/95). Se trata de una postura claramente “aperturista” al capital imperialista, la completa victoria de éste, que se sirvió, en realidad, del régimen automotriz “argentino” para presionar a Brasil a establecer uno igual.

Macri y Antelo

El decreto de Cardoso es un tiro de gracia para Macri y Antelo: les cierra el mercado brasileño y les abre a Renault y a la Fiat (bajo cuya licencia operan Macri y Antelo) la posibilidad de invertir en Brasil y obligar a Sevel y a Ciadea a “privatizarse” en beneficio de  los verdaderos patrones del negocio.  Como señala The Wall Street Journal, “Ford, General Motors y Volkswagen están muy integradas con sus contrapartes brasileñas, mientras que las ensambladoras locales de Renault y Peugeot Citröen cuentan con (necesitan) el mercado brasileño para contrarrestar sus malos resultados en la Argentina” (La Nación, 16/6/95).

Para las “multinacionales”, la decisión brasileña significa que podrán operar desde ambos países con regímenes privilegiados. “A las que están instaladas en los dos países, el decreto las beneficia porque les cierra el mercado a terceros y beneficia, entre ambas, a la plaza en la que tienen mayores inversiones”. “Volkswagen, Ford, Mercedes Benz y Fiat estarían en esa posición de privilegio, a diferencia de Ciadea o Sevel, que resultarían más afectadas”. “Si yo fuera el gerente para Latinoamérica de una  multinacional aplaudiría la medida”, dijo el ex-Bunge & Born, Guillermo Carracedo (Página12, 17/6/95).

“Es llamativa la ausencia de críticas a la actitud de Brasil por parte de las empresas que tienen un pie en ambos países” (Ambito Financiero, 16/6/95), se quejó Mauricio Macri. El mandamás de Sevel planteó que “el gobierno argentino no debe ceder ni un centímetro a las pretensiones brasileñas, porque de hacerlo pondría en riesgo incluso la radicación de capitales de otros sectores industriales”, pero el de General Motors dijo que “la restricción a las exportaciones locales tiene que convenirse de modo tal que no dañe el modelo automotor sellado por la Argentina” (La Voz del Interior, 17/6/95). Se ha producido así una fisura en ADEFA, la cámara patronal que agrupa a las automotrices instaladas en la Argentina.

Manaos y Tierra del Fuego

Brasil planteó revisar también los acuerdos sobre Manaos y Tierra del Fuego, dos “zonas francas” que importan sin pagar impuestos de aduana y cuyos productos pueden circular por los países del Mercosur sin el pago de aranceles (hasta el año 2013).

La gran burguesía brasileña plantea que las mercaderías provenientes de Manaos y Tierra del Fuego paguen el arancel externo común, como si hubiesen sido importadas de otros países. Con esto se busca desmantelar las “armadurías” instaladas en esas zonas, que compiten con las grandes industrias vinculadas al imperialismo. Por ejemplo, desde Manaos se ha desarrollado una industria de armado informática y electrónica que obstaculiza la penetración de IBM y otros pulpos fabricantes de computadoras.

De imponerse el criterio brasileño, quedarían fuera del juego las armadurías argentinas de Tierra del Fuego (que operan bajo licencia), algo que no ven con desagrado los monopolios extranjeros.

Ruptura o acuerdo

De este análisis, surge que Cardoso y Menem marchan a un acuerdo, por exigencia de los grandes capitalistas. Por la posición dominante de éstos en uno y otro país, el acuerdo se torna inevitable. Lo más probable es que Brasil flexibilice los cupos de importación de autos de Argentina, a cambio de la aceptación del régimen automotriz.

Esta sería la postura del propio Cavallo, quien declaró al diario Gazeta Mercantil (12/6/95) que Brasil debe contar con un régimen automotriz similar al argentino, “con cuotas para importaciones de terceros países y libre dentro del Mercosur”. Con esta posición Menem viajó a San Pablo. “Estamos obligados a negociar ya un régimen común, en el que habrá que ver cómo se equiparan las diferencias, admitió un miembro de la comitiva presidencial” (Página 12, 17/6/95).

Pero este eventual acuerdo “desestabiliza” aún más los “planes” Real y Cavallo. A la Argentina se le destruye el mercado brasileño de autos y electrodomésticos, acentuando la actual recesión, y le estrangula la balanza comercial.

A Brasil le significará un mayor déficit comercial, porque aumentarán las importaciones, beneficiadas por un arancel casi cero, y golpeará a un sector importante de fabricantes de máquinas y de autopartes.

Se ve claramente que el Mercosur no es un proyecto nacional, y que fácilmente se pliega a las superiores presiones del gran capital internacional.