El jueves 14 se efectuó la audiencia ante la Sala I de Casación Penal, conformada por los jueces Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ana María Figueroa, quienes deberán decidir sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones Federal que revocó la libertad de César Arakaki y Dimas Ponce, otorgada al momento de su procesamiento por el juez Torres.

El fallo apelado se caracteriza por su arbitrariedad. En enero, el juez Torres dispuso la excarcelación de César y Dimas, quienes pasaron entre un mes y quince días detenidos, respectivamente, aunque los mantuvo procesados por intimidación pública “y “atentado a la autoridad”, entre otras imputaciones. Un mes después, la Cámara de Apelaciones redujo estas acusaciones a delitos menores, ordinarios y excarcelables pero, al mismo tiempo, ordenó su prisión preventiva, con la acusación de que “podrían obstaculizar la marcha de la causa”.

Ninguno de los dos tiene antecedentes penales y ambos cumplieron todas las exigencias impuestas por el juez a partir de su liberación. Por otra parte, la imputación de una supuesta “obstaculización de la causa” carece de cualquier sentido, pues la instrucción de la causa concluyó.

Las abogadas defensoras de los compañeros, Claudia Ferrero y Liliana Alaniz, de Apel, hicieron hincapié en la irracionalidad del fallo impugnado. Los compañeros han sido procesados por supuestos delitos que tienen una escala penal máxima de cuatro años. Si fueran juzgados y condenados, en su carácter de personas sin antecedentes, la condena sería condicional, por lo cual privarlos de la libertad durante el proceso implicaría una condena anticipada antes del juicio.

Estuvieron presentes en la audiencia, acompañando a César y Dimas, representantes de los organismos de Derechos Humanos, encabezados por nuestra querida y siempre presente Nora Cortiñas; María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, de Correpi; Carlos Piatowski, del Ceprodh; “El sueco” Carlos Lordkipanidse, de la AEDD; Martín Alderete, del Cadep; y Juan Palomino, Enrique Dumont e Iván Moschner, de la Asociación Argentina de Actores, además de dirigentes políticos, familiares y amigos.

Reclamamos que se revoque la pretensión de privar a César y Dimas de su libertad, ya que su cercenamiento lejos está de cualquier aplicación legal y sólo constituye un intento de aleccionar en sus personas a la movilización popular del 18 de diciembre y su resistencia ante la reforma previsional. 

Defendamos la libertad de Dimas y César, en la perspectiva de los nuevos atropellos que acarreará el pacto del gobierno con el FMI.