"Van a buscar cualquier forma de que me maten para que no llegue a juicio oral y no hable de lo que tengo que hablar… Le van a pagar dos pesos a cualquier negrito de mierda que esté detenido por robo de gallinas y me van a dar cuarenta puñaladas porque delaté a veinte personas. No va a venir uno de la patota a tirarme con una ametralladora. Lo van a hacer como yo le digo…". Son declaraciones del represor Eduardo Costanzo, con arresto domiciliario en Rosario, a las radioemisoras LT8 y Rosario 3 (Clarín, 13/1).

Costanzo, de 73 años, está cerca del juicio oral por los crímenes cometidos en la llamada Quinta de Funes, un campo de concentración del Ejército que funcionaba en las afueras de Rosario al mando de Leopoldo Galtieri. La Quinta de Funes pertenecía al Ejército; precisamente, Constanzo teme que militares de tierra paguen para matarlo. Como para que nadie piense que el asesinato de Febres se circunscribe sólo a la Prefectura, a la Armada y al caso Esma.

Cuando ya está probado judicialmente que Héctor Febres fue asesinado en su alojamiento de "preso vip" en la base Delta de la Prefectura Naval el 10 de diciembre, los dichos de Costanzo ratifican hasta el límite de lo espeluznante lo sostenido en el auto de procesamiento por la jueza Sandra Arroyo: subsiste un aparato terrorista vinculado con la represión criminal, la de ayer y la de hoy.

El caso López

A mediados de enero, el juez Arnaldo Corazza, a cargo de la instrucción por la desaparición de Jorge Julio López, dirigió la reconstrucción de un rastrillaje que hizo la Bonaerense en septiembre de 2006, en los lindes de un arroyo en la localidad de Atalaya. Así, el juez "descubrió" un cúmulo tal de irregularidades que no pueden explicarse sino por una intención manifiesta de encubrimiento.

El dato más importante radica en la fecha de la reconstrucción. Véase si no: "El día 23 de septiembre, a sólo cinco días de la desaparición de Jorge López… se realiza un operativo con perros en la zona de Atalaya, partido de Magdalena… según los testimonios policiales, los perros se dirigieron desde la ruta directamente hasta la finca del señor Rubén Darío Durso, delegado municipal de Atalaya… Violando las más elementales normas de procedimiento… los policías reconocen que aceptaron la invitación a merendar en el interior de la vivienda y que estuvieron allí durante una hora mientras los perros quedaron fuera de la finca… De la actividad no se labró acta, lo que demuestra la clara intención de encubrir el irregular accionar policial…"

Esa denuncia está formulada en un documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, fechado el 18 de mayo de 2007. Desde entonces, la agrupación Justicia Ya! de La Plata ha exigido la reconstrucción de aquella farsa trágica, pero Corazza sólo dio ese paso ocho meses después, según él porque no tiene personal.

Sobre los resultados de esa medida procesal, la abogada Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, dijo: "Para nosotros fue ratificar lo que ya sabíamos… Hacerla ahora (la reconstrucción) tiene menos sentido que cuando la pedimos por primera vez, en junio. Fue todo una payasada" (ANRed, 24/1).

De puñaladas y cianuro

En junio de 2007, el médico Víctor Hugo Giuliani visitó a Febres en su "residencia" de la base Delta. Mientras lo aguardaba en una habitación contigua, escuchó que alguien "apretaba" al represor para que no hablara de los crímenes en la Esma. El sujeto, contó Giuliani, tenía aspecto de "policía o militar, un matón" (Página/12, 5/1). Luego, Febres dijo a su visitante: "Mirá, la única solución que me queda es no hablar".

De ese testimonio se deduce que seis meses antes del envenenamiento se conocía la decisión del acusado de contar lo que sabía, y también que sufría presiones y amenazas. Sin embargo, ni el Poder Judicial, ni los servicios de inteligencia ni nadie hicieron cosa alguna para proteger su declaración. Por el contrario, todo indica que la "zona liberada" para asesinar a Febres tuvo amplísima cobertura de la burocracia judicial. De tal modo, la red de instigaciones y complicidades señalada por la jueza Arroyo parece mucho más extensa. Terroríficamente extensa.

Ahora se conocen en detalle las condiciones de detención de Febres. Vivía en dos habitaciones con baño en suite, tenía las llaves del lugar, había allí computadora con acceso a Internet, DVD, teléfonos celulares y televisores. Además, podía disponer de casi todas las instalaciones de la base y llegó a organizar fiestas para treinta personas. Usaba a gusto la piscina y a menudo se emborrachaba con su "custodio" Angel Volpi, ahora preso por el homicidio. Tales comodidades -así lo dice el fallo de Arroyo- se le proporcionaban para impedir que se quebrara y hablara.

Cuando todo eso falló y Febres anunció que delataría a sus compinches, su vida pasó a valer, como dice el represor Costanzo, dos pesos y un par de puñaladas por cada delatado. En su caso, una porción de cianuro como para matar a diez.

Sí. Ellos siguen ahí.