En 23 febrero de 2011, Cristina Kirchner visitó la provincia para apoyar la candidatura de la actual gobernadora, Lucía Corpacci, quien día después iba a ganar las elecciones. En esa oportunidad, la presidenta realizó un acto en la fábrica gráfica y de envase flexibles Encata, que se encontraba cerrada, y la puso en funcionamiento. Tanto en el discurso como en los medios el hecho fue presentado como un acto de recuperación productiva y de reparación a los obreros de la fábrica, pero todo era una estafa política y económica. Desde ese día, la fábrica nunca más volvió a funcionar. En esa oportunidad los obreros conformaron una cooperativa, pero al carecer de fondos la fábrica no pudo funcionar.

Ahora, el negociado

Luego de casi tres años de paralización, el gobierno de Corpacci, con la bandera de la reactivación de la fábrica, impulsa un negociado que es presentando como una salida para que la fábrica se vuelva a poner en funcionamiento. Los medios han informado que el gobierno está negociando con la empresa IPC FLEX de Buenos Aires, para comprar la quiebra de Encata. Lo interesante del caso es que esta empresa bonaerense haría la operación con un crédito otorgado por el propio gobierno provincial con fondos provenientes de la AGAP, una suerte de Anses provincial.

 

La AGAP se constituyó en el último tramo del gobierno del Frente Cívico, en el 2011, con la función de asegurar el pago de diferencias que permitieran a los jubilados provinciales cobrar el 82%. Los fondos de la AGAP se integran en base a un aporte suplementario del 3% de los aportes previsionales de los empleados públicos de la provincia que pasaron a sufrir un descuentos del 14% en los sueldos en conceptos de aportes previsionales.
Corpacci procede de la misma manera que el gobierno nacional con los fondos de la Anses, que no son usados para asegurar el 82% móvil a los jubilados sino para subsidiar al gran capital. En el caso catamarqueño, los jubilados también reclaman el pago del 82%.

Para terminar con la estafa del AGAP es necesario que sea controlado por los jubilados y trabajadores, y que sus fondos estén destinados a asegurar el pago del 82% móvil.
Para terminar con los negociados y asegurar el funcionamiento de Encata es necesario que el Estado se haga cargo de la empresa bajo gestión de los trabajadores.

Ariel López