Las lluvias del último mes se convirtieron en una tragedia para miles de catamarqueños, que perdieron pertenencias, quedaron aislados o sin suministro de agua y energía eléctrica. Que un fenómeno meteorológico esté provocando esta situación pone en claro la responsabilidad es del Estado. Bajo ningún gobierno de las últimas tres décadas (los Saadi, el Frente Cívico y Social o la kirchnerista Corpacci) la obra pública estuvo orientada a prevenir o minimizar éste tipo de situaciones.

El año pasado, las lluvias en los cerros provocaron el alud que enterró a Sijan y El Rodeo y la muerte de trece personas, poniendo blanco sobre negro una política de urbanización criminal que desviaba artificialmente el cauce natural de los ríos de esa región para construir sobre ellos.

Las últimas lluvias, en el este provincial, inundaron la comunidad de Bañado de Ovanta, provocando la evacuación de todos sus habitantes y la pérdida de sus pertenencias. El Hospital quedó literalmente bajo agua junto a barrios recientemente construidos, en zona inundable, mostrando, otra vez, la falta de previsión y la ausencia de un estudio serio para la obra pública.

El Oeste catamarqueño (Andalgalá, Pomán, Belén y Tinogasta), sufren el corte de la energía eléctrica y de las comunicaciones telefónicas. Mientras el servicio domiciliario es completamente deficitario, la empresa TransNoa asegura, con lluvia o sequía, la provisión eléctrica a la minera Bajo la Alumbrera.

El gobierno de Lucia Corpacci se muestra completamente impotente para enfrentar esta situación. Su ministro de Obra Pública, es el Ingeniero Dusso, ex presidente de la Cámara de la Construcción, y uno de los beneficiarios de los grandes negociados en materias de obras públicas que no respondían a las necesidades y prioridades del pueblo trabajador catamarqueño.

El Partido Obrero reclama la apertura de un fondo de reparación a los pueblos y afectados en base a un impuesto extraordinarios a las mineras, grandes empresarios contratistas que son los responsables de construir en zonas inundables y los suministros de energía. Que se abra el debate sobre la infraestructura provincial para construir un plan integral, que sea fiscalizado por los pobladores y damnificados.